ante la ineficacia de las políticas de austeridad, una visión alternativa de las políticas sociales defiende la necesidad de reorientar el Estado de Bienestar hacia el futuro. Se trata de preparar en lugar de arreglar, de prevenir y de apoyar a los individuos en lugar de dejar actuar el mercado y de indemnizar a los damnificados. Esta nueva perspectiva concibe el gasto social no como un coste para la economía sino como una inversión, necesaria a la vez para garantizar un crecimiento duradero, fuerte y compartido, y para responder a las nuevas necesidades sociales. La estrategia de inversión social define unas prioridades inéditas para el Estado de Bienestar con el fin de acompañar a los individuos a lo largo de sus trayectorias vitales. Se trata, por ejemplo, de mejorar la ayuda prestada a las mujeres, los jóvenes y los menores.

Mientras que los sistemas actuales de protección social generan un gasto creciente para las personas mayores, la estrategia de inversión social intenta priorizar las mujeres y los menores. En lugar de luchar contra las situaciones de exclusión social y de formar de nuevo a la mano de obra, es preferible concentrar los esfuerzos en una óptica preventiva centrada en la infancia. Luchar contra la pobreza infantil y garantizarles mejores condiciones de cuidado y de desarrollo deben permitir simultáneamente prevenir la exclusión y preparar una mano de obra mejor formada, cualificada y móvil.

Para ello, es necesario a la vez garantizar una renta mínima a todas las familias y favorecer el desarrollo de los modos colectivos de atención de los niños que garantice una buena socialización primaria y unas condiciones de aprendizaje capaces de preparar convenientemente el futuro. Hoy en día, el desempleo afecta sobre todo a los menos cualificados y a las personas cuyas cualificaciones están desfasadas.

Las capacidades cognitivas, comunicativas y relacionales necesarias para el éxito escolar y profesional se adquieren antes incluso de alcanzar la edad de la escolarización obligatoria. Los niños nacidos en los entornos favorecidos se benefician de numerosas oportunidades de desarrollar sus capacidades, lo que no sucede en los entornos desfavorecidos. Dar una oportunidad a todos desde la infancia pasa por un servicio público de la pequeña infancia. Semejantes servicios expresan el espíritu de este nuevo modelo de protección social de dos maneras: invierten en el capital humano del niño procurándole a una edad precoz una atención y una educación estimulantes; e invierten en el capital humano de la madre permitiéndole permanecer en el mercado laboral.

Desarrollar unas estrategias de acogida de calidad para los menores permite, no solamente prepararlos a su futura vida sino también responder a las necesidades de las mujeres y de las familias. Compatibilizando vida familiar y vida profesional, estas estructuras favorecen el empleo femenino. Esto corresponde a la voluntad de estas últimas de adquirir una autonomía financiera con respecto a los hombres, pero también a una doble necesidad social: reducir los riesgos de pobreza infantil y aumentar las tasas generales de empleo. Desarrollar unas estructuras de acogida de calidad para los más jóvenes permite además crear en ese sector unos empleos estables, cualificados y protegidos, al contrario de los empleos privados de servicios domiciliarios que son a menudo a jornada parcial, poco cualificados, mal remunerados y precarios.

Favorecer el trabajo de todos en las mejores condiciones supone plantear la cuestión de la igualdad de género en el ámbito laboral. Mientras que las jóvenes mujeres consiguen mejores resultados escolares y universitarios, sus carreras profesionales son peores. Están peor remuneradas, trabajan más a menudo a jornada parcial y conocen una menor progresión en la jerarquía de las responsabilidades. Todo ello se traduce por unas pensiones inferiores. Las mujeres pagan un precio profesional porque interrumpen o reducen su carrera para poder cuidar de sus hijos y, posteriormente, de las personas mayores dependientes. Favorecer una mayor igualdad de género permite a un mayor número de mujeres tener las carreras que desean, correspondientes a sus cualificaciones, lo que exige una política de igualdad en la esfera familiar y una profunda restructuración de los permisos parentales con el fin de incentivar las familias a compartir la carga que supone la atención de los niños.

La estrategia de inversión social implica no solamente un incremento de los presupuestos dedicados a la educación sino también una reconsideración de la enseñanza y de su organización para hacer de tal forma que todos puedan ir lo más lejos posible en sus estudios. A menudo no se concibe la política educativa como un componente de las políticas sociales, pero se espera del sistema educativo que juegue un rol de movilidad social que no funciona hoy en día. Las comparaciones internacionales muestran que tres elementos explican la reproducción masiva de las desigualdades sociales a través del sistema educativo: la importancia de la experiencia preescolar; la escasa inversión en la enseñanza preescolar, primaria y universitaria; y la selección de los mejores en lugar de buscar la cualificación de todos.