este mes ha concluído el plazo para blanquear dinero negro u opaco de acuerdo con la amnistía fiscal arbitrada por el Gobierno del PP y se encuentra con que no ha recaudado ni la mitad de los 2.500 millones de euros previstos, por lo que no se entiende la autocomplacencia del ministro Cristóbal Montoro cuando afirmó que "ha merecido la pena" esta singular operación que ha contribuído a desviar aún más el desajuste del déficit público. Y, casualidad o no, su compañero de gabinete Luis de Guindos ya empezó ayer a especular con que este desfase no le llevará a España a un rescate a la portuguesa o a la irlandesa, al tiempo que negó una nueva subida del IVA para el próximo año, aunque fuera para prometer que no se produciría, dos afirmaciones que tratándose de su Gobierno y su minada credibilidad, es como para ponerse a temblar. La aministía fiscal no sólo no ha hecho aflorar el dinero esperado y sigue manteniendo al fraude bajo un manto de impunidad, sino que encima le fuerza al Gobierno de Mariano Rajoy a volver otra vez su punto de mira hacia los impuestos que más castigan a las familias y a las clases más vulnerables. Y es que el controvertido perdón fiscal ha resultado también tremendamente lesivo para el contribuyente medio, pues la graciosa concesión a los defraudores del pago del 10% de la cuantía evadida para regularizar el blanqueo, sin recargos ni sanciones, cuadra fatal con las sumas desembolsadas por quienes cumplen religiosamente con sus obligaciones tributarias. Además de haber provocado una sensible disminución de la recaudación inducida, esta amnistía tampoco ha servido para atajar de una forma relevante el fraude, especialmente el de las grandes fortunas y corporaciones empresariales responsables de más del 70% de la evasión pecuniaria total, con el añadido de que actualmente permanecen fuera de control más de 300.000 millones de bases imponibles. Un panorama desolador que evidencia bien a las claras que el refuerzo notable de la inspección sigue siendo la tarea pendiente, mientras el Gobierno sigue mareando la perdiz del IVA. La preocupación estriba ahora en cómo piensa el Gobierno Rajoy ingresar los 1.300 millones que en su día presupuestó y que abultan ahora el déficit.
