MORATORIA de dos años para las familias afectadas por un proceso de desahucio que no ingresen más de 1.597 euros al mes y vayan a ser desalojados de su única vivienda en propiedad cuya cuota hipotecaria supere el 50% de sus ingresos netos, siempre que sean familia numerosa o con niños menores de 3 años, monoparental con dos o más hijos a su cargo, convivan con personas con más del 33% de discapacidad o dependientes, los deudores sean parados sin prestación o sean víctimas de la violencia machista. El Gobierno de Mariano Rajoy definió ayer vía decreto esta medida para tratar de aliviar el drama social de los desahucios, impelido por el clamor social y judicial, pero guiado a todas luces por ese anuncio de la Asociación de Banca Española que a bombo y platillo proclamó a comienzos de semana su decisión de paralizar durante dos años los desahucios en casos de "extrema necesidad". Pues bien, el Consejo de Ministros definió ayer qué significa "extrema necesidad", tras tres días de maratonianas negociaciones con el primer partido de la oposición. Una semana después de la gota que colmó el vaso, del suicidio de Amaia Egaña, ni acuerdo con el PSOE, ni modificación de la Ley Hipotecaria o de Enjuiciamiento Criminal, reguladoras de los procesos de desahucio y que los propios jueces y magistrados, al igual que un reciente dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, consideran abusivas para los consumidores. Ni se revisan los intereses de demora, ni el valor de tasación, mucho menos hablar de dación en pago o de retroactividad de esta moratoria. El Ejecutivo apenas se compromete, bienvenido sea, a crear un parque de viviendas en alquiler con una renta "baja y razonable" con inmuebles embargados en manos de la banca. Admitiendo que el decreto aprobado ayer seguramente podrá aliviar la situación de muchas personas, queda la sensación de que apenas es una tirita para contener una hemorragia que requiere de cirugía mayor. La esperanza es que el de ayer sea solo un primer paso de un inmediato salto que garantice una eficaz protección de la ciudadanía en un momento de emergencia social. La exigencia es que los partidos no busquen colgarse medallas que no les corresponden y que actúen con celeridad guiados por la justicia y el interés de la ciudadanía, no por el de las entidades financieras.