Ocupado en los menesteres católicos de la Semana Santa, no he podido seguir con detalle el enredo jurídico de la excarcelación del preso de ETA Anton Troitiño. Notaba, sin embargo, mi disconformidad con esta respuesta tan racional y acorde con la lógica de la clase dirigente. Vivimos bajo este supuesto: ellos saben lo que sabemos todos y un poco más, esa pizca de más que los hace invulnerables e inaccesibles; ellos pueden retorcerlo todo a conveniencia. No lo acepto. Se están pasando mil pueblos con esto del pacto antiterrorista.
¿Hay una ley clara y un poder judicial independiente o no? Si el poder judicial es independiente, dicta sentencia, se abre el tiempo de los recursos y se aplica lo que diga la instancia judicial competente. Estoy hablando como un ciudadano de a pie y no acepto para nada la refriega política en las excarcelaciones. Lo que dicte la ley según el dictamen judicial y los políticos, en esta cuestión a callar y cumplir. Y no hay alarma social que valga. Esto es un invento de quien no juega con las reglas democráticas limpiamente, también cuando no le convienen. Venga de donde venga la presión, cualesquiera que sean sus credenciales mediáticos y hasta éticos, significa que alguien en el sistema democrático español no juega las cartas de la ley con limpieza, y eso es gravísimo.
Lo están reconociendo ellos mismos, los partidos más importantes: cada uno acusa al otro de condicionar a la justicia para sacar rédito político del final de ETA. Es una vergüenza que estén reconociendo que la justicia española es manipulable, hoy por ti y mañana por mí. Lo están reconociendo, y no tengo ninguna razón para pensar que en el futuro será distinto. Es tan grave este empeño por manipular la justicia que me parece un modo más, y muy perverso, de querer justificar cualquier medio, bueno o malo, por el fin del castigo a los terroristas. Pues así, no.
José Ignacio Calleja
Profesor de Moral Social Cristiana en la Facultad de Teología de Vitoria-Gasteiz
