con motivo de la participación del presidente de la Asociación estatal de directores y gerentes de Servicios Sociales en unas jornadas de la UPV celebradas esta semana en Gasteiz, la Diputación Foral de Araba y el Gobierno Vasco alardeaban de ser los líderes del ranking de asistencia a personas dependientes a nivel estatal. En concreto, hablan de la rapidez en la valoración y atención a la dependencia, pero lo que no se explica en los grandes titulares es el tipo de atención que se está dando. Porque a todas esas personas a las que se les ha valorado no se les ha asignado un servicio. En muchos casos lo que se les ha asignado es una prestación económica para que se queden en casa. Que no es lo mismo.

Las ayudas económicas se contemplan en el texto de la Ley de Dependencia como una medida excepcional que las administraciones debían utilizar sólo cuando escaseasen los servicios públicos. Pero lo cierto es que las prestaciones económicas se han convertido en la opción principal del sistema y representan ya un 43,61% de las medidas de atención a la dependencia que se otorgan en la CAV.

Las instituciones, con esta actitud y práctica, están fomentando que los cuidados vuelvan y se consoliden en el ámbito familiar y que se realicen por mujeres. Se están potenciando, además, la economía sumergida y el fraude, ya que en muchos de los casos la ayuda económica se utiliza para emplear a mujeres migrantes, que realizan su trabajo sin contrato, sin ser dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social, y con todas las bendiciones por parte de las administraciones públicas para que se les explote las 24 horas del día los 365 días del año.

Optar por el cuidado de las personas en situación de dependencia por parte de su propio entorno familiar, de forma voluntaria y adecuada, es legítimo. Pero cuando esa opción está dirigida desde la propia administración con el objetivo único de reducir costes, resulta una irresponsabilidad y pervierte la naturaleza misma de la protección de la dependencia, ya que no se está optando por la mejor atención, sino por la que se considera más sencilla y mucho más barata. En el transcurso de este año, por ejemplo, el número de horas de servicio otorgadas por ayuntamientos y diputaciones a la ayuda a domicilio ha descendido en un porcentaje que en Araba ronda el 17%. A día de hoy, es mayor el número de servicios que se dejan de prestar que los servicios que se activan y, como consecuencia del recorte, las empresas han optado por reducir las horas de servicio y los puestos de trabajo. Esta situación se esta reproduciendo simultáneamente en toda Euskal Herria y en todos los servicios que atienden a la dependencia. Las consecuencias para los trabajadores y trabajadoras de este sector no pueden ser más demoledoras. De hecho, puede decirse que se están llevando a cabo Expedientes de Regulación de Empleo encubiertos. Sin ir más lejos, en Araba, donde la Diputación dice contar con los mejores datos de atención a la dependencia, se ha pasado de 1.050 trabajadoras en ayuda a domicilio en marzo de 2010 a una plantilla que no llega a las 900 en la actualidad.

¿Cómo es posible que se esté dando esta situación, en unos momentos en los que aumenta cada día el número de personas que necesitan de protección para hacer frente a los diferentes niveles de dependencia que padecen, en un momento en el que la Ley de Dependencia está a pleno rendimiento?

La respuesta la encontramos precisamente en quienes son titulares de los servicios sociales y responsables de nuestro bienestar, las instituciones públicas. Mientras los servicios sociales se deterioran y, con ellos, nuestras condiciones laborales, las diputaciones amplían las partidas económicas destinadas a los cuidados en el entorno familiar y disminuyen las partidas destinadas a los servicios considerados prioritarios por la Ley de Dependencia.

El servicio de ayuda a domicilio, las residencias, los centros de día, además de ser un derecho y un mandato de esa ley, constituyen una oportunidad para la generación de empleo, lo cual debiera tenerse en cuenta más si cabe ahora, que tanto se necesita. Sería una forma de hacer que el sector público cumpla su papel de motor de la economía, y al tiempo garantizar unos cuidados de calidad a las personas que lo necesiten, esto es, dotando de las suficientes coberturas sociales a las personas.