la Audiencia Nacional -dice el diario Público- pretende emprenderla contra algunas de esas agencias de calificación que, según su particular y antojadizo criterio, determinan la solidez o no de tal o cual economía. El tribunal quiere determinar si investiga la querella planteada por varias asociaciones contra las agencias de rating Standard & Poors, Moodys's y Fitch por alterar el precio de las cosas en beneficio propio y en perjuicio del erario público y de los ahorradores. Debería ser la propia Unión Europea la que, con los medios adecuados a su alcance, llevara a cabo esa labor.

A mi entender, en asuntos que tienen que ver con la cesta de la compra y el mercado, estas entidades son a los cuatreros lo que la princesa de Hollywood a los ojos violetas de Cleopatra. Son un todo. Son como el Vaquilla, pero con menos cojones para empuñar una pistola y atracar, como Dios manda, cualquier sucursal bancaria.

Lo paradójico es que, con tantas mentiras piadosas de Zapatero y compañía, nos creemos antes los varapalos de esos entes que el arribo de los brotes verdes que anunciaba la ministra Elena Salgado. Es lo malo de mentir para engañar.

El mundo económico (con economistas que admiten haber confeccionado informes a la carta, previo pago) se muestra como una cuadrilla de especuladores donde lo mismo da que el trigo suba o baje o que el maíz esté fuera del alcance de los bolsillos de los agricultores. Es el mismo mundo económico-jurídico que mira para otro lado cuando la sospecha de información privilegiada se muestra más que evidente según se observe el ir y venir del pelotazo del momento. No hay que el olvidar que el andamiaje que sustenta el capitalismo es la especulación en sí misma.

La justicia hace tiempo que dejó de ser ciega y se cansó de sostener una balanza equilibrada gracias a la nada de lo intangible. Tal vez habría que representarla, hoy en día, con la espada, la venda en los ojos… y, además, media docena de antenas parabólicas; de esas que meten mucho ruido y ofrecen pocos argumentos.

Me alucina este país. Monta en cólera mediática con el asunto de Sortu, pero asiste con descuidado mohín neoliberal a la salvajada que sirve de coartada ante cualquier plan que permita reajustar la economía. Ellos, los patriotas, son así. Cortos por naturaleza, largos por el interés. Pero les va bien.

Sin pretender zaherir más a uno le gustaría asistir a un debate serio y sin demagogias sobre las hipotecas, el pago de las mismas cuando el banco se queda con el inmueble o los desahucios. Un asunto espinoso sin duda, pero no siempre lo que es dudoso tiene que ser, en última instancia, beneficioso para los bancos.

Para concluir este manojo de reflexiones, permítanme acudir al pasado concretamente al año 1802, cuando Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, escribió: "Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos, privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo, sobre la tierra que sus padres conquistaron".

Muchos años más tarde, en 1999, David Rockefeller dijo que "algo debe reemplazar a los gobiernos y el poder privado me parece la entidad adecuada para hacerlo". Una frase coherente de quien en su día integró la lista de los 200 personajes más ricos del mundo.

Corresponde a la justicia arbitrar entre ambos modelos para que no sea el ciudadano el eterno perdedor. Pero para eso necesitamos una Justicia sin oropeles de ningún tipo. El icono de la Justicia debería ser un ser desnudo, libre de adherencias.

Mucho me temo que es tarea imposible. Porque en la Justicia, lo mismo que en la política, los hay de derechas, del centro, periféricos o centralistas, arribistas y honrados. Los que integran el aparato de la Justicia son tan humanos como los que vendieron armas a Gadafi que ahora se usan para masacrar a civiles.

En aras de esa Justicia que se esgrime en ocasiones y se ejecuta en otras (según quién tenga la sartén por el mango), deberían investigarse los euros cobrados por la venta de esas armas y obrar en consecuencia. Los vendedores sabían que Gadafi era una sucesión del coronel que tras un golpe de Estado se hizo con el poder.