LA crisis que padecemos es consecuencia directa y brutal de la oleada desreguladora y privatizadora liderada en su día por Thatcher y Reagan -principios de los ochenta- y que tuvo incluso su vertiente colonialista en el denominado consenso de Washington. Envalentonado por el fracaso del comunismo, sometida la socialdemocracia a sus designios, este neoliberalismo, forma sui géneris y particularmente salvaje del liberalismo clásico, estaba dispuesto a ajustar las cuentas a cincuenta años de cesiones, materializadas en intervenciones públicas y sistemas de prestaciones sociales considerados obscenos por imponer, supuestamente, límites al libre funcionamiento del mercado.
Por si había alguna duda sobre la validez del concepto de la mano invisible de Adam Smith, nunca como en estos años fue tan evidente el divorcio entre la maximización del beneficio privado y la del bien común. Para colmo del sarcasmo, el mito de la autorregulación se desmoronó justamente en el que se consideraba el mercado autorregulado por excelencia, el financiero.
En los inicios de la crisis hubo un considerable consenso en sus causas, y tanto desde el ámbito político como desde el académico se levantaron voces para pedir una severa corrección del vigente estado de cosas. El sector público saldría valedor en una situación de emergencia, pero habría nuevas reglas del juego y un mayor control de los mercados financieros.
En la cumbre del G-20 de Londres en abril de 2009 se acordó desarrollar normas más estrictas para supervisar el funcionamiento del sistema financiero y hasta limitar los bonus que los bancos podían pagar a sus directivos o sancionar a los que se extralimitaran en su generosidad. En septiembre de ese mismo año, pasado ya el pánico y una vez que el rápido endeudamiento del sector público ponía a éste a los pies de los agentes financieros, ese espíritu regulador se había diluido considerablemente.
Lo ocurrido con las agencias de calificación también aclara mucho. Después de que el propio Congreso de los Estados Unidos haya determinado la responsabilidad de aquéllas en la crisis, salta la noticia de las retribuciones récord de los directivos de Moody's. De nuevo, pues, la oligarquía económica impone sus criterios y los poderes públicos agachan la cerviz. En España la historia ha sido aún más ominosa. La inicial preocupación por el análisis de la crisis y la mejor manera de enfrentarla fue derivando sutilmente hacia cuestiones que ni estaban directamente relacionadas con la crisis, ni influyeron en su origen ni eran condición indispensable para su resolución. Nada de eso. Lo que compartían es que estaban relacionadas con el Estado de Bienestar y eran obsesivo objeto de atención de la ortodoxia neoliberal. Se inician así las presiones a favor de una profundización de los postulados neoliberales, muchas veces por parte de agentes que habían tenido un indudable protagonismo -éstos sí- en la crisis, así como por grupos de presión revestidos de objetividad científica y sana preocupación por el porvenir común.
El pasado noviembre Zapatero se reunió con los principales empresarios españoles para tratar de la crisis. Allí se habló de reformas, particularmente de las pensiones, pero también del mercado de trabajo o de la negociación colectiva. Estos días ha habido una segunda reunión, en la que el presidente del Gobierno español se presentó exultante, con los deberes hechos. A cambio, los empresarios, no contentos con marcar la pauta de la política económica del Gobierno, se permiten entrar directamente en la arena política y marcar el calendario. El caso es que esa mesa de triunfantes consejeros áulicos estaba trufada de personajes con responsabilidades en la actual situación económica y que, sin embargo, no sólo no pagarán ningún pato, sino que muchos habrán salido personal o profesionalmente fortalecidos y tienen la audacia de presionar para que su situación sea aún mejor. La reciente evolución de indicadores como salarios, beneficios o productividad es indicativa. Tanto pretender que la calidad moral de la sociedad descansa en meras reglas sobre el funcionamiento de los mercados ha terminado por generar una sociedad enferma de verdad. Sin una profunda revisión de sus fundamentos económicos y sociales será muy difícil salir del atolladero. Pero para ello son necesarios consensos que, hoy por hoy y por poco que guste, no existen. Hemos cambiado valores éticos por magros rendimientos financieros y ladrillos hipotecados.