LAS declaraciones del exsubcomisario José Amedo y del exjefe superior de la Policía Nacional en Bilbao Miguel Planchuelo en la primera sesión del juicio oral contra este último en la Audiencia Nacional volvieron ayer a tirar con bala. La vista judicial por los ametrallamientos en los bares Batxoki de Baiona y La Consolation de Donibane Lohitzune, cometidos por los GAL hace ya más de 25 años, vuelven a señalar la realidad de la responsabilidad del Gobierno en la concepción, impulso, financiación y encubrimiento del terrorismo de Estado que bajo esas siglas asesinó entre 1983 y 1987 a 28 personas en decenas de atentados. Especialmente relevante es, además, la tajante afirmación de Amedo, que en calidad de testigo califica al entonces presidente, Felipe González, como último responsable de una trama en la que también implica a otros altos cargos socialistas como el entonces delegado del Gobierno y hoy ministro de Presidencia, Ramón Jaúregui, o el entonces secretario general del PSE y hoy diputado, Txiki Benegas, además del exministro José Barrionuevo y el exsecretario de Estado Rafael Vera, condenados ambos a diez años de cárcel (de los que sólo cumplieron tres meses) por el secuestro de Segundo Marey, pero indultados parcialmente por el Ejecutivo de José María Aznar. No es que Amedo y Planchuelo hayan aportado en sus declaraciones judiciales grandes novedades a las sospechas y denuncias públicas extendidas hasta ahora, pero sus afirmaciones sí exigen a la Justicia que deduzca testimonio y reabra la investigación sobre los GAL deternida en 1995 para determinar el nivel de implicación de aquéllos a quienes han señalado. Y es que la propia sentencia que condenó a Amedo por los atentados de los que ahora se inculpa a Planchuelo desestimó la consideración de terrorismo de Estado por la imposibilidad de determinar la estructura interna de los GAL, una premisa que con el tiempo se ha revelado evifente y que ahora, en sede judicial y bajo juramento, el entonces convicto acaba de certificar. Su declaración demanda también la desclasificación de los papeles del Cesid que el Ejecutivo Aznar negó en 1996 argumentando que afectaban a la seguridad del Estado y exige una rotunda condena pública por parte del PSOE y del PSE.
