la Sala 61 del Tribunal Supremo tenía dos opciones al deliberar y pronunciarse sobre la legalización de Sortu. Optar por hacer respetar la ley en su sentido jurídico más estricto o interpretarla desde una posición política. Y ha sido esta última lectura, en un contexto de fuerte presión extrajudicial, la que ha terminado prevaleciendo, por mucho que el lehendakari Patxi López se esforzara ayer desde la tribuna del Parlamento de Vitoria en negar que se escondiera un "impulso político" tras la resolución, en una suerte de excusatio non petita. Sin embargo, la decisión del Supremo no ha sido tan contundente como cabía esperar y la disyuntiva ha partido al tribunal prácticamente en dos. Nada menos que 7 de los 16 integrantes de la Sala 61 se mostraron contrarios a cerrarle las puertas a Sortu -y tres de ellos quisieron además dejar constancia en sendos votos particulares-, frente a los 9 restantes, que cumplieron con el guión de ilegalizar a la formación abertzale. Esta división -que precisamente viene a corresponder con la correlación entre magistrados conservadores y progresistas- revela que el análisis jurídico guarda una estrecha relación con posiciones ideológicas previas, un condicionante externo que no debería afectar a la independencia judicial. Además, el Supremo trató luego de ocultar, en la nota oficial que emitió poco después, el alcance de las diferencias entre sus miembros -limitándose a enumerar los votos particulares sin especificar el exiguo margen de la votación-, lo que permitía una lectura distinta del fallo y, sobre todo, supone un aval jurídico de primer orden -como han reconocido ministros y expertos juristas- para los argumentos del recurso que los letrados de Sortu eleven ante el Tribunal Constitucional. Y es que las razones esgrimidas por la Fiscalía se basaron en juicios de valor sobre la apuesta de Sortu, vinculándola a los intereses de ETA como un axioma previo y sin pruebas. Pero no se trata de que las ideas de la izquierda abertzale tradicional gusten poco o nada, ni de que su pasado silencioso ante ETA siga pesando en el imaginario colectivo o de que la Justicia traslade a la defensa la carga de la prueba. Se trata, en definitiva, del cumplimiento de la legalidad sin guiones preconcebidos y, en el fondo, de la credibilidad de un Estado de Derecho garantista.
