TREINTA años después de la conspiración, el asalto al Congreso de los Diputados por 400 miembros de la Guardia Civil bajo las órdenes del teniente coronel Antonio Tejero y la rebelión de la Tercera Región Militar al mando del teniente general Jaime Milans del Bosch, quien llegó a sacar los tanques a las calles de Valencia y a decretar el estado de excepción, las claves del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 se han mantenido en una interesada nebulosa, con numerosas incógnitas que dejó pendientes el llamado juicio de campamento, salpicado de actuaciones extrañas incluso dentro de la tradición de la justicia militar española. El hecho de que hasta ahora la Mesa del Congreso haya mantenido ocultas las actas elaboradas entonces por los propios servicios de la Cámara da una idea del secretismo que ha rodeado al 23-F. El reparto de indultos y exenciones de pena a los 30 condenados, la identidad del Elefante blanco -nombre que se dio al cerebro y al parecer anónimo promotor de la intentona golpista-, el alcance de la probada intervención del Cesid -cuyos archivos sobre el 23-F siguen sin desclasificarse-, los integrantes de la trama civil del golpe o el papel ejercido por el rey Juan Carlos -quien mantenía estrechas relaciones con el general Alfonso Armada- son algunos de los capítulos de esta novela negra que siguen todavía abiertos. Se trata de interrogantes de gran trascendencia entonces y también hoy, pues afectan a las principales instituciones del Estado y a la involución de los acuerdos políticos de la Transición que siguió a la intentona golpista, especialmente en el ámbito del reconocimiento de los hechos diferenciales. De hecho, sin el 23-F no podría explicarse la Loapa que UCD y PSOE pactaron al año siguiente para dar marcha atrás en la descentralización autonómica, una ley que, si bien fue tumbada por el Tribunal Constitucional, dio pie a la posterior loapización de facto del desarrollo de los estatutos vasco y catalán. Consideraron entonces que, en el caso de Euskadi, los acuerdos entre Adolfo Suárez y Carlos Garaikoetxea habían llegado demasiado lejos, pero esa misma sensación vuelve a aflorar hoy entre algunos sectores tentados de dar otra marcha atrás con el pretexto no ya de la presión militar, pero sí de la crisis económica.