SE dice que la Ley de Territorios Históricos (LTH) es como la constitución interna de la Comunidad Autónoma Vasca porque distribuye las funciones y competencias del sector publico entre diferentes niveles de gobierno. Esto quiere decir que todo debate en torno a la LTH es ideológico, basado en principios políticos y no simplemente económicos, tal y como ciertos partidos en el País Vasco pretenden hacernos creer. Un debate ideológico entre una visión centralista, jacobina y basada en la idea liberal de que la eficacia implica concentración del poder y homogeneización de las diferencias culturales y peculiaridades territoriales y por otro, una visión historicista, que actualizada se basa en la descentralización del poder político y el autogobierno territorial, es decir, en la noción de subsidiariedad.

La LTH se basa en los derechos históricos de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, que implican un sistema de representación paritario por cual cada territorio aporta 25 representantes al Parlamento vasco, independientemente de que Bizkaia tenga 1.152.658 habitantes, Araba 313.819 y Gipuzkoa 705.698. Esto que a primera vista puede parecer injusto, conlleva en cambio una distribución del poder político y económico mucho más equitativo que el sistema de representación proporcional.

La primera señal que llama la atención es que ni Araba ni Gipuzkoa se subordinan (en términos políticos y socio-económicos) a Bizkaia por el hecho de que ésta tenga más población y por tanto, más actividad económica, un mayor presupuesto, etc. Cada territorio tiene no sólo su propio parlamento y su propio gobierno, sino su propia hacienda, recauda sus propios impuestos y regula su política fiscal. Esta distribución del poder político y económico por el que las instancias inferiores dan a las superiores prácticamente todo el dinero del que el Gobierno Vasco dispone hace de la subsidiariedad y la descentralización la clave de la estructura política vasca.

Después de 30 años de autogobierno -incompleto- la CAV ha adquirido el mayor nivel de bienestar social de todo el Estado español, no solo en términos del PIB e ingresos per cápita, sino en lo que respecta a otras políticas sociales. También los niveles de cohesión social son de los más altos del mundo en base al índice de Naciones Unidas, donde la CAV alcanzó en 2007 una puntuación de 0.964, la tercera en el mundo después de Noruega e Islandia. Lo interesante es que los tres territorios adquirieron prácticamente los mismos resultados, quedando Araba primera del mundo, Gipuzkoa tercera y Bizkaia séptima.

Este resultado hubiera sido impensable sin la LTH y el nivel de descentralización y subsidiariedad que implica porque, para empezar, Bilbao y no Gasteiz hubiera sido probablemente la capital administrativa de la CAV. En dicho caso el mecanismo de concentración-centralización urbana hubiera llevado a que en pocos años varios cientos de miles de personas provenientes de Araba y Gipuzkoa se trasladaran a Bilbao, desertizando ciertas áreas y superpoblando otras, como ha ocurrido en el Estado, donde Madrid y Barcelona han incrementado su población en un 40% y un 20% desde 1981 y donde, tal y como ocurre en Reino Unido o Francia, el desequilibrio entre la capital y la periferia es, en términos de población, riqueza y bienestar, abrumadora.

En un sistema descentralizado como el vasco las decisiones sobre políticas fiscales y territoriales -que acompañan a las económicas- no se toman necesariamente desde el centro (Madrid, Barcelona, Paris, etc.), sino desde niveles de gobierno inferiores, que defienden así eficazmente los intereses territoriales y locales, con altos niveles de productividad y bienestar social en los pueblos y no sólo en la capital. Con la LTH estas políticas están en manos de las diputaciones o bien son competencias concurrentes desarrolladas junto con el Gobierno Vasco y los municipios.

La LTH controla la tendencia que el poder económico y político tiene de centralizarse y concentrase y lo hace mediante la distribución institucional de dichos poderes. Es esta estructura política la que asegura una distribución de la producción y de la riqueza por la cual los tres territorios, y no sólo Bizkaia, tienen altos niveles de industria (entre 24% y 35%), de inversión y de bienestar social. Por tanto, no es el solapamiento o la ineficiencia lo que evitarían los contrarios a la LTH, sino la distribución hacia abajo del poder económico y político.

Las consecuencias que las políticas territoriales de centralización tienen en la disminución de la cohesión territorial y social han sido suficientemente demostradas como para seguir intentando hacer pasar por una cuestión de racionalidad económica lo que es una cuestión política e ideológica.

Jule Goikoetxea * St. Edmund"s College, Universidad de Cambridge