EL último Sociómetro realizado por el Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del Gobierno Vasco refrenda la realidad inalterable que los anteriores estudios ya habían dejado patente: la impresión de la ciudadanía de la incapacidad del Gobierno López para afrontar y solucionar los principales problemas de Euskadi y, en consecuencia, la falta de confianza social en el mismo. Patxi López podría intentar de nuevo escudarse en los "errores de comunicación" de su gabinete, toda vez que a pesar del ingente esfuerzo -tanto en medios como en personal- dedicado al efecto, el 73% de los encuestados dice estar poco o nada informado de la actividad del Ejecutivo vasco; pero estaría también de nuevo engañándose a sí mismo. Que casi siete de cada diez vascos consideren que la situación económica es mala o muy mala y más de seis de cada diez opinen de modo idéntico respecto a la situación política, no es fruto de una mala comunicación ni tampoco únicamente de la crisis global que lastra a todas las economías y gobiernos. López podría, asimismo, estar tentado de manejar por comparación las opiniones de la sociedad vasca respecto al Gobierno de su compañero de partido, José Luis Rodríguez Zapatero, pero igualmente se haría trampas en el solitario. Desde mayo, la valoración de la sociedad vasca respecto a la situación en Euskadi ha empeorado más que esa misma opinión respecto a la coyuntura estatal, uno de cada dos encuestados cree que el Ejecutivo López no sabe resolver los problemas, más de seis de cada diez considera que no administra eficientemente el dinero público y el 34% comprueba que su confianza en el gabinete ha disminuido en el último año. Además de que el propio López no logra el aprobado en ninguna de las cinco características que se suponen a un gobernante. Pero el estudio encierra aún un dato si cabe más preocupante para quien llegó al poder publicitando, en contraposición a lo que denominaba un "supuesto problema identitario", su interés por responder "a los problemas reales" de la gente. Porque diecinueve meses después, la ciudadanía constata que sus prioridades son, en primer lugar, las relacionadas con el mercado de trabajo y la economía y con la vivienda y es precisamente en esos campos de su actividad en los que el Ejecutivo recoge dos de las tres peores calificaciones.
