AL convocar la huelga general del pasado 21 de mayo, la mayoría sindical vasca dijo que si no se cambiaban las políticas vendrían los recortes sobre derechos laborales y sociales. Se nos trató con extremada dureza. Nos despreciaron los gobiernos, los partidos que los sostienen, la patronal, los medios de comunicación del sistema y CCOO y UGT. Y teníamos razón. La huelga de 29 de junio lo confirmó. Ahora, nos la dan a golpes.

Todos ellos defendían que no era posible cuestionar las causas de la crisis: la acumulación de capital gracias a las políticas neoliberales; la consiguiente desregulación de la economía; las bolsas de especulación, una tras otra alimentadas con colaboración política; la descapitalización de lo público, privatizando y bajando impuestos a los ricos... Sigue estando prohibido hablar de eso. A quienes lo hacemos se nos castiga y a quienes se adaptan y dejan hacer se les financia.

Es mucho lo que está en juego y es imprescindible definirse con claridad. ELA denuncia a la casta política que se presta sin matices a colaborar con el poder económico en este saqueo organizado. Porque es un saqueo atacar derechos laborales con la reforma laboral recientemente aprobada; es un saqueo atacar el sistema público de pensiones para regocijo de la banca y sus fondos privados; también lo es reducir aún más el gasto social en los presupuestos públicos, bajar los impuestos a las rentas de capital y empresariales, privatizar la economía mediante copagos... De la misma manera, plantear una reforma de la negociación colectiva para debilitarla y centralizarla, negándonos la posibilidad de elegir los contenidos y el ámbito en que queremos negociar, es un ataque a los trabajadores y trabajadoras vascos.

La lucha contra el desempleo y sus consecuencias -la pobreza- no forman parte, en absoluto, de los objetivos de esa política. Todas estas reformas, además, nada tienen que ver con las causas de la crisis. Son reformas muy rápidas para dar satisfacción a los responsables de habernos abocado a esta crisis.

Se trata de atacar a los salarios y desproteger a los más débiles. La política se pone al servicio de un reparto de la riqueza aún más injusto. El reparto más justo ha desaparecido de la agenda política de la autodenominada socialdemocracia. Esta política, tremendamente injusta, es simplemente cruel.

En esta política mandan el poder financiero y las grandes empresas. Tienen en los gobiernos a marionetas que gestionan sus intereses. Así, por ejemplo, hay muchísimo dinero público para que la banca tape sus agujeros (sus deudas las han convertido en públicas para que las paguemos con nuestros impuestos). El Gobierno español autoriza a las empresas eléctricas la subida de las tarifas en un 10% en ocho meses. Mantienen una fiscalidad regresiva y suben los impuestos indirectos. Las adjudicaciones, vía subcontratas, de las Administraciones Públicas se otorgan a las empresas amigas. Algunos partidos representan un papel de lobby de los intereses financieros y empresariales totalmente inaceptable. ¿Pagan esos partidos las deudas que tienen con la Banca? ¿Se les trata de la misma manera que a quien no puede pagar una hipoteca?

ELA tiene su referencia puesta en el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social, consciente de que el consenso neoliberal lo vacía de contenido. Basta ver la orientación antisocial que dan a los presupuestos públicos o cómo se utiliza el Concierto y Convenio Económico. Quienes dan el visto bueno a esas políticas apuestan por el marco estatal, tanto en su referencia económica como en la política. Apuestan por un Estado en permanente involución. Los últimos ejemplos no hacen sino confirmarlo. Se acepta en las políticas de empleo transferencias irreconocibles y ruinosas y, por si fuera poco, su recepción va unida a dar el visto bueno a los ajustes antisociales de la agenda de Zapatero (increíble la habilidad negociadora por parte vasca). Hablan, por otro lado, de "logros en relación al Concierto Económico" cuando es Madrid quien impone, entre otras muchas cosas, el límite de deuda a las Administraciones vascas. ¿De qué Concierto estamos hablando? Hay miedo, mucho miedo, a concluir que hace mucho tiempo que se debió dar por cerrada como referencia política un Estatuto unilateralmente interpretado por el Estado. Mucho trabajo para el sindicalismo. ¿Hay alternativa? Sin duda. Pasa por el reparto más justo de la riqueza. Un eje que debe seguir siendo el referente del movimiento sindical. Y, para que la política reaccione, hay que reivindicar y movilizarse. Lo vamos a seguir haciendo. Hay que defenderse, de manera organizada, del chantaje de la patronal contra los salarios. Nuestra gente necesita el sindicato como instrumento organizativo para la defensa de sus condiciones de trabajo, de la misma manera que el sindicalismo necesita sindicalizar empresas y sectores. Hay que defender los derechos sociales. No es, como quieren hacernos creer, un problema de gasto excesivo. Hay que echar atrás la injusta política fiscal, similar a la irlandesa, que ha descapitalizado lo público.

El sindicalismo no se debe dejar atrapar en foros de entretenimiento, completamente inútiles, a los que asignan financiación para que calles, para que les dejes hacer. El sindicalismo tiene presente y futuro si busca su legitimidad en los problemas de la gente del mundo del trabajo. Tenemos una gran responsabilidad es sostener esos valores y lo vamos a hacer.