Hace unos pocos meses el Gobierno Vasco vació de contenido el decreto de los Derechos Lingüísticos, eliminando las sanciones que preveía. Este decreto afectaba solamente al 6% de las empresas, ya que para tener que cumplirlo había que facturar más de un millón de euros en la CAV o tener más de 18 personas atendiendo directamente al público.

Una de las razones para eliminar las sanciones era que en esta época de crisis no se podía exigir a las empresas que "ofrezcan sus comunicaciones en las dos lenguas como facturas, rotulación, publicidad, atención oral?". Es decir, ni se te ocurra hacer un contrato con estas empresas en euskera o dirigirte a ellas en esta lengua, que tal vez entren en pérdidas por culpa de nuestro dichoso idioma. Para entender mejor este cambio la responsable de Política Lingüística, Lurdes Auzmendi, afirmaba que "en la normalización del euskera se puede avanzar mucho sin recurrir a las sanciones".

Sin embargo, ahora el mismo Gobierno Vasco, en la misma época de crisis, ha aprobado el proyecto de Ley Antitabaco y parece que todos los argumentos utilizados para derogar las sanciones respecto al euskera se han evaporado. Todo el rato hablan de sanciones a los que no la cumplan.

¿En qué quedamos? ¿Hay que multar o motivar? Si hay crisis, ¿es conveniente poner multas? Si por ejemplo multarle 300 euros a una multinacional por no ofrecer el seguro de coche en euskera no sería adecuado, ¿se puede multar a un autónomo de un bar con 600.000 euros?

Parece que hay leyes de dos clases, las que se deben cumplir y las que sirven de florero.