Las recientes declaraciones del ex presidente Felipe González en lo referente a la lucha contra la violencia terrorista que soportamos han puesto en evidencia al menos dos cuestiones. La primera, la escasa colaboración que Francia prestaba a España cuando se trataba de perseguir y detener a los miembros de ETA, hecho gravísimo y cuyas consecuencias posiblemente aún estemos padeciendo aunque las circunstancias hayan cambiado. Por suerte, las cosas han cambiado radicalmente.
La segunda, y más importante, la que se deriva de la falta de convencimiento que muestra sobre la decisión de asesinar o no a la cúpula de ETA ¿Acaso era posible otra decisión? ¿Entraba dentro de lo aceptable y asumible la contraria? Rechazamos radicalmente que así fuera, pero todavía nos produce mayor rechazo aún que lejos de deslegitimar aquel tipo de delitos que se cometían bajo su Gobierno con tanta frecuencia, llegue a manifestar sus dudas al respecto; unas dudas que pueden resultar cercanas a la contextualización y justificación de los asesinatos que sí ocurrieron.
El Estado de Derecho no puede crear situaciones excepcionales que lo debiliten y perviertan. Los ciudadanos hemos de tener la seguridad de que nunca se traspasa la línea de la legalidad y del escrupuloso respeto a los derechos humanos bajo ningún concepto, ni cuando de la lucha contra el terrorismo se trata, sin resquicio para la duda, porque lo que esta en cuestión es el Estado de Derecho y la deslegitimación de la violencia.