los últimos días hemos asistido con estupor a la desaparición del Ministerio de Igualdad. Un Ministerio con apenas dos años de vida y que fue considerado un gran logro desde la perspectiva de las políticas para la igualdad de mujeres y hombres. Con él se lograba materializar tanto la medida 203 de la Plataforma de Acción de Pekín, que recomienda que los organismos de igualdad tengan rango ministerial, como una de las condiciones -alto compromiso político- que el propio Consejo de Europa identifica como fundamental para el abordaje transversal de las políticas públicas para la igualdad.
Sin embargo, con esta decisión de suprimir el Ministerio de Igualdad ha quedado demostrado una vez más lo sencillo que es dar pasos puntuales que son objeto del correspondiente titular. Lo realmente costoso y comprometido es avanzar paso a paso y establecer los mecanismos que garanticen la sostenibilidad de esos avances. Mientras lo primero no es sino montar un decorado, lo segundo es construir.
Y por ello, quienes trabajamos a favor de la igualdad sentimos rabia, decepción, frustración, engaño, impotencia y desencanto frente a esta medida.
- Rabia, porque se nos intenta convencer de que esta medida contribuirá a la reducción del gasto público, cuando el Ministerio de Igualdad no representaba sino el 0,009% de los presupuestos del Estado.
- Decepción, porque se nos dice que la desaparición del Ministerio no supone la desaparición de las políticas para la igualdad, cuando desde la propia Unión Europea se ha venido insistiendo en la necesidad de crear organismos fuertes y estratégicamente ubicados en las organizaciones, para poder hacer el necesario trabajo de impulso y coordinación que exigen todas las políticas transversales.
- Desencanto, porque se debilitan las estructuras que impulsan, coordinan y velan por el desarrollo de la todavía recién nacida (2007) Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Y bien sabemos que las leyes necesitan desarrollo y seguimiento para que generen impacto en la sociedad.
- Frustración, porque la ubicación en el Ministerio de Sanidad y Política Social de la nueva Secretaría de Estado para la Igualdad nos retrotrae más de 20 años atrás, cuando se identificaba igualdad con políticas sociales. Superada esta visión simplista de "los problemas de algunas mujeres", se había logrado enfocar las desigualdades de género como un problema social y estructural, que es necesario abordar desde todos los ámbitos de actuación pública.
- Engaño, porque ante la persistencia de las desigualdades entre mujeres y hombres (autonomía económica, usos del tiempo, trabajo de cuidado de personas, etc.), en lugar de reforzar las políticas para la igualdad dotándolas de más recursos personales y económicos para garantizar su eficacia, se devalúan y se consideran de segundo orden. Y con ello, se convierten en determinados momentos en objeto de interés electoral y en otros, en "innecesarias".
- Impotencia, porque nos quieren hacer creer que las políticas para la igualdad se mantendrán sin cambios porque al frente del Ministerio de Sanidad y Política Social se encuentra una ministra feminista, cuando hasta el propio Consejo de Europa reconoce que las políticas deben sostenerse en estructuras sólidas y no en sensibilidades particulares.
La supresión del Ministerio de Igualdad -logro que nos equiparaba estructuralmente a los países nórdicos- representa un gran retroceso tanto a nivel político y social como a nivel simbólico, ya que contribuirá a que en el imaginario colectivo la igualdad se construya como algo accesorio y no necesario.
Sin embargo, una mayor amplitud de miras y un posicionamiento claro frente a las políticas para la igualdad abren las puertas a nuevas posibilidades para abordar la igualdad como una política transversal. La eliminación del Ministerio de Igualdad podría ir acompañada de la creación de la correspondiente Secretaría de Estado en el Ministerio de Presidencia. Esto representaría ubicar dicha política en el ámbito de mayor rango jerárquico, a la vez que posibilitaría trabajar de manera transversal y eficaz con el resto de ministerios en el impulso y coordinación de las políticas para la igualdad, que deben ser desarrolladas desde las diferentes políticas sectoriales de cada Ministerio.
Es posible, por lo tanto, revisar esta decisión y reconducirla hacia un escenario más acorde con las directrices y recomendaciones internacionales y comunitarias. Y para ello tenemos modelos en nuestro propio entorno que se han convertido en un referente a nivel estatal y europeo.
Podríamos dirigir la mirada, por ejemplo, hacia Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer, organismo para la igualdad adscrito a la Presidencia del Gobierno Vasco y que, además fue creado en 1988 por Ley, lo cual ha venido asegurando su ubicación y rango al margen de los cambios de gobierno o intereses partidistas. En esto consiste construir, en establecer pactos que posibiliten la sostenibilidad de las políticas estratégicas.
Ojalá en las administraciones vascas seamos capaces de transitar otros caminos que nos lleven, no sólo a mantener, sino también a reforzar y consolidar las políticas para la igualdad de mujeres y hombres. Estoy segura de que la ciudadanía sabrá reconocerlo y valorarlo y todas y todos podremos enorgullecernos de la aportación realizada a nuestros hijos e hijas.