al hilo de la reciente casi-tregua de ETA se ha puesto de moda el término verificar. En este preciso contexto, verificar sería la acción de comprobar que ETA cumple con lo que ha anunciado.

Hay razones históricas suficientes para la desconfianza. Durante la tregua de 1998, en la época de los acuerdos de Lizarra, la organización terrorista anunció un alto el fuego total e indefinido. Sin embargo, esta declaración no impidió la continuidad de la kale borroka y del chantaje económico a empresarios, comerciantes y profesionales o el robo de miles de kilos de explosivos en Bretaña.

Algo parecido sucedió en el marco de la tregua permanente de 2006, a pesar de que el presidente Zapatero se tomara su tiempo para verificar la autenticidad de la declaración de ETA. La actividad armada continuó, de nuevo, por la vía del apremio financiero a los empresarios y con nuevas acciones de rearme, como el robo de 350 pistolas en Vauvert. A pesar de que estos hechos ya hablaban por sí solos, fue la masacre de la T-4 la acción que destruyó definitivamente la credibilidad de aquella tregua. Como consecuencia, el crédito social de la verificación, que se gestionó como una comprobación sin el rigor y precaución mínimamente exigibles, se desvaneció completamente.

Hoy, de nuevo, se nos habla de verificar el alcance de la actividad de ETA, tras su reciente anuncio de que ha interrumpido la ejecución de una determinada clase de atentados. Y aunque algunos políticos y comentaristas se hayan apresurado a concluir el carácter unilateral e incondicional, incluso irreversible del cese de la violencia, ante una sociedad vasca más escarmentada y escéptica que la mayoría de ellos cobra fuerza la idea de una verificación exigente y rigurosa. Y esto hace que esta cuestión no sea, como se ha llegado a decir, de resolución puramente técnica, sino que es una materia de gran interés social que condiciona la existencia real de una sólida oportunidad para la paz.

La llamada Declaración de Bruselas propugna, por su parte, que ETA debería declarar un alto el fuego permanente y verificable internacionalmente. A la espera de que dicha declaración se materialice, la pregunta más pertinente es: ¿aporta la verificación internacional el rigor y la exigencia que faltaron a la verificación del alto el fuego de 2006, realizada por el Estado? La respuesta no puede ser obvia, ya que depende de varios factores. El factor principal que más afectará es el alcance del ámbito de verificación (más o menos restringido por efecto de su previsible carácter bilateral) que se vaya a establecer y los límites que este marco imponga a la acción de verificar de los expertos internacionales y a las consecuencias políticas que de esa acción pudieran derivarse. El ejemplo irlandés que, a pesar de los principios Mitchell, concluyó en un desarme de los terrorismos políticamente gravoso y socialmente incierto, es bastante frustrante en ambos sentidos.

La verificación del cese de la actividad terrorista es una cuestión de enorme interés social para la sociedad que ha sufrido su amenaza, que debe ser la protagonista fundamental de la verificación que se necesita. En materia de paz, no concibo cuestiones técnicas. Son los empresarios -grandes o pequeños-, los profesionales liberales y los comerciantes, y son todos los perseguidos políticos -sean concejales o pacifistas, autoridades o ciudadanos en general- los que mejor perciben, conocen y saben si las amenazas persisten, si las estructuras de presión e intimidación continúan operando. Por eso, estas personas son los agentes primordiales de verificación.

Sin pretender excluir a los especialistas internacionales, el papel principal en la verificación nos corresponde a todos nosotros, con la ayuda de las instituciones sociales y políticas a través de las que actuamos. Y a éstas últimas les correspondería arbitrar los mecanismos de observación que canalicen y faciliten la expresión, sin subterfugio alguno, de toda la información real acerca de la persistencia o el cese de la amenaza concreta en el día a día de cada rincón de nuestro país.

Para la sociedad vasca, la verdadera prueba de la unilateralidad, incondicionalidad e irreversibilidad que algunos se han apresurado a atribuir al cese parcial de la amenaza de ETA será que las propias gentes e instituciones vascas puedan organizar legítimamente el adiós a las armas con las mayores garantías de que el siniestro guión que han interpretado en las últimas décadas los agentes del parabellum y el amosal haya acabado para siempre. De esta manera, el final de ETA quedaría plenamente verificado.