cuando aterricé en el Parlamento Vasco me llamó la atención el ritmo de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca; la cantidad de iniciativas que debatíamos destinadas a ayudar o impulsar el sector primario. Entre otras cosas, hablábamos de ampliar las ayudas mínimas de los distintos subsectores agrícolas, aquellas que en virtud de su cantidad no deben de comunicarse en aras a salvaguardar la competencia. Votábamos a favor de ampliar esas mínimas, pero las voces de los subsectores agrícolas destapaban otra realidad: aspiraban a que su futuro pasara por algo más que vivir de meras subvenciones. Ese algo más significa que las instituciones aborden de otra manera las preocupaciones agrícolas, yendo a la verdadera raíz de los problemas en cada caso. Ese algo más jamás se debate en la comisión del Parlamento.

La idea anterior fue reiterada por las comparecencias de los sindicatos en la comisión. Reivindicaban algo tan sencillo como lo siguiente: poder obtener un precio justo y digno de los productos que cultivan. Digno significa que, por el esfuerzo ingente y el gran trabajo que realizan, puedan exigir lo que por ello consideran justo y les corresponde. Ni más, ni menos. Y en este mercado capitalista globalizado eso es imposible.

Y en la comisión del Parlamento seguimos y seguiremos debatiendo cómo ayudar al sector. Ante esa pregunta, he aquí la cuestión que me sorprende: la propia Administración se aplica el famoso refrán, "en casa de herrero, cuchillo de palo". Es decir, la Administración no aprovecha su propia sinergía que se resumiría en la siguiente fórmula: invierto dinero público en los comedores escolares, fomento la agricultura vasca y mejoro la alimentación de los escolares. Porque la Administración se convierte en potencial y efectiva consumidora de productos agrícolas y ganaderos. Hospitales, residencias y colegios públicos consumen productos alimenticios, por ejemplo.

Se me ocurrió centrarme en la situación de los comedores de los colegios públicos, conocer cómo funciona el sistema de abastecimiento de los mismos y saber si se aprovecha la ya mencionada sinergía. Si tanto nos devanamos los sesos pensando en cómo ayudar al sector, pensé que era lógico que el sistema de comedores de los colegios públicos empleara para abastecerse circuitos ultracortos. Es decir, comprar productos directamente a los productores (locales, por supuesto), sin intermediarios que encarecen el precio y buscando la calidad. En su defecto, buscar comerciantes de la zona y utilizar circuitos de producción y venta cercanos. Fui un iluso al pensar que así sería.

Existe, desde el año 2000, una norma (la Orden de L22 de marzo de 2000, del consejero de Educación, Universidades e Investigación) por la que se regulan los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios en los niveles de enseñanza obligatorios y Educación Infantil. En su artículo 10, se establece que los centros deben contratar obligatoriamente empresas de catering a la hora de gestionar los comedores. Empresas que les proveerán la comida elaborada, o les proporcionarán el propio servicio de cocina. La orden no contempla la autogestión de su propio servicio de comedor. Autogestión que, por ejemplo, posibilitaría la compra directa a los productores locales, elaborar ellos mismos los alimentos con una mayor calidad de los productos y, por qué no, el ahorro económico que conlleva prescindir de intermediarios. Por suerte, fuera de esa orden vigente de Educación existen algunos comedores que se autogestionan. Así, por ejemplo, se evitan situaciones como la que destapa un estudio de EHNE: en los comedores escolares de la comarca de Lea-Artibai (comarca agrícola, por cierto), el 90% de los productos que se consumen son de fuera de la misma, el aporte nutricional de los menús es escaso, inadecuado para el desarrollo de niños y niñas, y al realizar los mismos, no se tiene en cuenta la estacionalidad de los productos.

Se me amontonan las preguntas: ¿Es ilegítimo que un centro vele por sus alumnos y alumnas y busque mayor calidad en sus alimentos? ¿Por qué no se permite que los centros gestionen sus propios menús y decidan dónde quieren adquirir los productos o decidan si los elaboran ellos mismos? Pensé que, como la tónica general de las últimas décadas, la excusa para sostener el sistema actual de empresas de catering subcontratadas iba a ser economicista: escasez de recursos. Para corroborar la hipótesis, Aralar pidió datos mediante una pregunta parlamentaria: en los centros públicos se paga una media de 3,6 euros por persona por el servicio de comedor. Según el Departamento de Educación, esta cifra cubre un 30% del servicio de la empresa de catering, y el 70% restante lo cubre el propio Departamento. Por lo tanto, el 100% del coste del servicio de comedor con empresas de catering ronda los doce euros, por alumno. Así, empresas como Auzo-Lagun o Gastronomía Vasca se embolsaron 29 y 12 millones de euros, respectivamente. En total, el coste para las arcas públicas es el siguiente: siete empresas de catering cobran 88 millones de euros.

He conocido también un comedor autogestionado, con cuotas de 3,75 euros (15 céntimos más elevadas que en el resto sin subvenciones adicionales) donde, cuando es posible, los productos son locales, de mayor calidad, los menús son más acertados y las condiciones laborales de las trabajadoras mejores. ¿A quién beneficia la existencia de empresas de catering? Saquen conclusiones.

Aralar ha presentado una propuesta en el Parlamento, que se debatirá entre septiembre y octubre, para modificar la mencionada orden y fomentar la libertad de cada centro para que elija su modelo de gestión de comedores. ¡Pongamos freno a la bipolaridad de la política! No sirve de nada fomentar cierta política si la propia Administración se vende a intereses privados y mercantilistas. Ayudemos al sector primario y defendamos la salud de nuestros niños y niñas, también aprovechando la potencialidad de la Administración.