Ante la situación creada por el real decreto aprobado por el Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno, en el que entre otras medidas se congelan las pensiones para 2011, queremos manifestar lo siguiente. Somos conscientes de la crisis que atraviesa nuestro país, pero entendemos que al sistema público de pensiones no se le puede atribuir el incremento del déficit público que la medida intenta combatir. La caja única no muestra problema económico alguno que justifique esta congelación del gasto, sino que presenta continuados superávit y dispone de más de 60.000 millones de euros en el Fondo de Reserva. Las pensiones contributivas, cuyos recursos provienen de las cotizaciones de trabajadores y empresarios, son ajenas a la generación de déficit. Los jubilados no somos responsables de la actual situación. La congelación de nuestras pensiones, que siguen siendo hoy en buena parte insuficientes y son de las más moderadas del entorno de la UE, viene a agravar la condición económica de los pensionistas. Estamos en radical desacuerdo en que el recorte del gasto social tenga una incidencia significativa en la reducción del déficit público. Las políticas económicas que han fomentado descontrol en el gasto público y privado no deben ser soportadas por los más humildes, que en nada son responsables de la presente situación. Esta congelación tiene toda la apariencia de ser un brindis a los llamados mercados, más que una medida efectiva que, sin embargo, va a golpear en las menguadas economías de más de cinco millones de hogares.
Por todas estas razones, manifestamos nuestro total rechazo a unas medidas injustas e injustificables para los pensionistas. Los firmantes se reservan posibles acciones futuras de diferente índole. Este manifiesto, firmado por distintas organizaciones nacionales, que representan a cerca de 100 federaciones con más de dos millones de afectados, ha sido enviado a la Presidencia del Gobierno, Ministerio de Trabajo, portavoces de los grupos parlamentarios, presidente de la Comisión del Pacto de Toledo, presidentes de la CEOE y CEPYME, así como a los secretarios de CCOO y UGT y a los distintos medios nacionales de comunicación.