La que viene

El supuesto es bastante probable en cuanto que obedece a una autoevaluación de la relación costes/beneficios de resultados contundentes. La izquierda abertzale sabe hoy que ya no existe ningún beneficio en el mantenimiento del apoyo o tolerancia respecto a ETA. Su desconexión sólo genera beneficios y, además, en todas las dimensiones: fortalecimiento organizativo, legalización, posibilidades de iniciarse un proceso dialogado hacia la autodeterminación, etc. En el caso de ETA, una evaluación racional debería llevarle inevitablemente a la tregua. El problema es que ETA a la hora de evaluar tiende a regirse por limitados e irracionales criterios militares, lo que le conduce sistemáticamente al error. En todo caso lo que resulta muy probable es que la izquierda abertzale en septiembre haya tomado la decisión irreversible de la desconexión con ETA (se halle, o no, esta activa).

Esta nueva situación plantea nuevos retos. A partir de ese momento el protagonismo en el proceso pasa a manos del Estado. Él debe legalizar o facilitar la legalización de la izquierda abertzale, para así legitimar una nueva situación en la que, en un contexto estable de no violencia, todas la fuerzas políticas entren en la confrontación electoral y eventualmente en un diálogo dirigido al cambio del marco jurídico-político. Sin embargo, en este caso la evaluación del coste/beneficio no conduce a resultados tan claros como en el caso anterior. El actual Gobierno perdería aún más en credibilidad y en perspectivas ¡y en resultados! electorales, caso de apoyar un proceso de legalización sólo a partir de declaraciones de paz de ETA, o de la izquierda abertzale, o de los dos. La afirmación no merece excesiva discusión. A aquellos que dicen que el Gobierno podría ganar presentándose como aquel que pacificó el País Vasco deberíamos decirles que el mensaje que recibirán, con desagrado, gran parte de sus potenciales votantes será que el Gobierno ha cedido a la presión de los malvados nacionalistas vascos a cambio de una "increíble y falsa" promesa de paz (hablamos del Gobierno? de España). A tal argumento se añadirá que lo que debe hacer el Gobierno no es legalizar, ni dialogar, ni hablar. Lo que debe hacer es detener y encarcelar para siempre a todos los terroristas y sus amigos. Y el argumento será bien entendido por sus potenciales votantes (insisto: hablamos del Gobierno de?. España) a quienes les importe muy poco la paz en Euskadi; a quienes lo único que les interesa (y además, comparativamente, no demasiado) es la liquidación del terrorismo. Y punto.

Un panorama así lleva al Gobierno a una evaluación negativa, en cuanto que aparecen como sensiblemente superiores y, sobre todo, mucho más ciertos, los costes respecto a los beneficios. La situación podría invertirse si se superase el nivel de declaración. Si, por ejemplo, ETA con o sin acuerdo previo con el Gobierno iniciase un proceso material y verificable de desmantelamiento.

Esta nueva y previsible situación asimismo conducirá a otras exigencias y sobre todo a otras dimensiones argumentativas a aquellos ciudadanos comprometidos en la lucha por la paz en Euskadi. A aquellos ciudadanos o grupos sociales que reclamamos una paz permanente, una a largo plazo nueva situación política que consolide un escenario de no violencia. Más concreto a aquellos ciudadanos que recibimos el título oficial de "bienintencionados que hacen el juego a los violentos"; título otorgado por ilustrados políticos y astutos analistas mediáticos.

En ese nuevo y futuro escenario nuestra reivindicación principal debería ser la de la legalización y los argumentos a emplear deberían ser, sobre todo, de carácter principista. En la situación actual en este escenario que podríamos definir como de pre-septiembre en la que exigimos el cese definitivo de la violencia, nuestra demanda va dirigida y así debe ser prioritariamente hacia ETA y la izquierda abertzale, y utilizamos argumentos asentados en principios como el derecho a la vida sin exclusiones, la exclusión de la violencia en la confrontación democrática, etc. Pero debemos reconocer que el protagonismo en tales demandas está asumido precisamente por el actor al que va dirigida nuestra reivindicación: la izquierda abertzale. Y en esta organización o movimiento, la argumentación dominante (no la única) tiene carácter estratégico. La evidencia, incluido el muy largo plazo, de la superioridad de los beneficios sobre los costes en el caso del fin de la violencia. Ello implica que hoy nuestro discurso de principios suene como un telón de fondo, como un apoyo ético a una, por otro lado irreversible, opción política estratégica.

Pero mañana, en el escenario post-septiembre, la situación va a exigir que pase a primer plano la argumentación basada en principios. Va a ser el momento de afirmar que, al margen de los problemas tácticos que el Gobierno tenga con su coyuntura, lo que está en juego es una cuestión de justicia democrática. Que resultará democráticamente insostenible dejar fuera de la confrontación política y electoral a movimientos u organizaciones que han manifestado de forma indubitada su no conexión su rechazo con formas violentas de acción política. A lo mejor estamos adelantando acontecimientos y ciertamente más vale seguir presionando para lograr el primer escenario de no violencia, pero también auguramos que superar ese segundo reto, el de la otra exigencia democrática, va a exigir un esfuerzo colectivo superior. Veremos.