desde los sectores políticos y económicos más conservadores hay orquestada una campaña contra el sector público y el Estado del Bienestar bajo la falsa premisa de que está sobredimensionado. Desde la izquierda social y política tenemos la obligación de responder sin complejos. Los datos cantan. En España el porcentaje de personas adultas que trabajan para el sector público es sólo del 9%, uno de los más bajos de la UE-15 (16%), frente al 26% de Dinamarca o el 22% de Suecia. El problema de España es el opuesto, el sector público está subdesarrollado. Por el contrario, la presión fiscal (32%) es una de las más bajas de la UE, frente al 41.7% de Francia 41.7% o el 37% de Finlandia. Y a mayor desigualdad, más inseguridad y menos cohesión social.

En la CAV, a pesar del complejo entramado institucional con evidentes duplicidades, el sector público abarca un 5.13% de su población; cifra considerablemente inferior a otras comunidades autónomas, lo cual no es debido necesariamente a un nivel de servicios inferiores, sino a la política de privatizaciones en la gestión de los servicios. Los datos de la UE nos indican la tendencia que debemos seguir para ser más europeos en materia de inversión social: Francia, 10.63%; Países Bajos, 11.01% o Dinamarca, 17.1%.

Frente al mensaje demagógico y recurrente de que a menor sector público mayor riqueza y bienestar, la realidad es bien diferente. De los 109.662 empleados del sector público que trabajan en la CAV, ¿de donde hay que reducir? Del personal sanitario de nuestros hospitales y ambulatorios, de los centros escolares y universidad, los bomberos y policía, los servicios sociales, quienes gestionan y pagan nuestras pensiones y prestaciones por desempleo, el personal de los transportes públicos, quienes cuidan y atienden a nuestros mayores y discapacitados, etc. Estos servicios públicos son los que corrigen las desigualdades sociales, redistribuyen la riqueza y generan un crecimiento más armónico de nuestra sociedad. La alternativa existe. La situación de crisis provocada por el capital especulador y avaricioso no la podemos pagar los asalariados o quienes esta crisis les ha colocado fuera del mercado laboral y a los que ahora se pretende además recortar sus prestaciones sociales. Se puede y se debe reformar el sistema financiero, profundizar en una fiscalidad progresiva y equitativa, recuperar el impuesto de sucesiones y patrimonio o luchar contra el fraude y la economía sumergida. Asimismo, revisar y adelgazar el entramado institucional vasco, que elimine las duplicidades administrativas; transferir las políticas activas de empleo o aprobar la Ley Municipal con definición clara de competencias y financiación adecuada.

La estrategia consiste en culpabilizar al trabajador público del paro, el déficit público o del privilegio de tener empleo fijo, cuando la eventualidad en el sector público es de más del 25%, superando al sector privado. Esto repercute negativamente en la prestación de los servicios a la ciudadanía, el déficit público en la CAV no llega al 4%, muy por debajo de la mayoría de países europeos.

Las medidas de reducción del gasto público no contribuyen a asumir el coste de la crisis por los causantes de la misma y quiebra la confianza en el diálogo social y la negociación colectiva al incumplir unilateralmente acuerdos alcanzados en este marco, acuerdos en los que ya se contemplaba la situación económica en función de la realidad social y económica de los ámbitos correspondientes. Las administraciones, lejos de reducir costes en asesores y cargos políticos, han propiciado un incremento notable de éstos en las diputaciones forales.

Estas son las razones por las que CCOO y UGT hemos convocado una huelga para mañana 8 de junio. La respuesta a esta decisión unilateral del Gobierno requiere de la unidad sindical. Pero ELA y LAB han antepuesto de nuevo intereses políticos de parte por encima del interés general de los trabajadores públicos y del conjunto de la ciudadanía por unos servicios públicos de calidad.