el Gobierno Vasco ha emprendido ya el camino de la reforma de la Ley de Drogodependencias para dar una vuelta de tuerca más en la guerra contra el tabaco, siguiendo la estela del Ministerio de Sanidad en el endurecimiento legal para prohibir fumar en todos los espacios públicos cerrados y con el contexto de la práctica que se ha impuesto en gran parte de Europa. Durante el debate parlamentario que ha arrancado ya en la Cámara de Vitoria puede haber aportaciones para corregir las muchas lagunas e indefiniciones de las que todavía adolece la reforma que impulsa el Gobierno, pero resulta indudable que la estrategia de achicar espacios al humo cuenta no sólo con un tácito consenso político de partida y contundentes argumentos médicos -acerca de un vicio que en Euskadi se cobra 2.500 vidas al año, el 13% de las defunciones-, sino también con un amplio apoyo social y hasta con una cierta comprensión de las partes afectadas, ya sean los propios fumadores o el sector de la hostelería. El combate al tabaco no sólo avanza por la determinación de las autoridades públicas para acorralar su consumo, sino que lo ha aceptado también la mayoría de la sociedad, mientras los fumadores viven con cierta resignación el acoso legal y social. En este sentido, el debate sobre los supuestos derechos del fumador está superado. Ahora bien, el desarrollo de la normativa antitabaco tiene más espinas de las que pudiera parecer. El sector de la hostelería ha demostrado una encomiable capacidad de adaptación, pese a los evidentes perjuicios que le acarrean las sucesivas reformas legales, y los ayuntamientos se muestran dispuestos a implicarse en la extensión de la estrategia antitabaco, pero ni unos ni otros deben cargar con la parte más ingrata de la ejecución de la ley por dejación del Gobierno. Los portavoces de Eudel dejaron claro ayer en la ponencia parlamentaria que la labor de hacer cumplir la nueva legislación y sancionar su incumplimiento no puede recaer también sobre las espaldas de los ayuntamientos, mientras que los hosteleros se niegan a hacer de policías en sus establecimientos. La aplicación concreta de la ley es una pelota que lleva años pasando de un tejado a otro -las denuncias caen en saco roto por la indefinición de competencias- y es de momento el primer humo que debería mitigar el Gobierno Vasco.
