EL tiempo transcurrido desde la bomba en la T4 de Barajas no ha pasado en balde. ETA parece tener la menor capacidad para realizar atentados de los últimos treinta años y tras el asesinato del gendarme, el territorio francés le va a resultar cada vez más hostil. Por otra parte, en el ámbito político, para la izquierda abertzale ilegalizada va a ser cada vez más difícil la participación en elecciones y su misma presencia política y social se verá cada vez más restringida. No desaparecerá, pero su capacidad para incidir en la marcha de las cosas será cada vez menor. Además, su exclusión de la política institucional constituye la palanca que permite al PSE y al PP ocupar ahora el Gobierno Vasco y quizás otras instituciones más adelante.

Durante años la mayoría de los vascos hemos pensado que el final del terrorismo vendría precedido por unas conversaciones (negociaciones) entre el Estado y la organización terrorista. También pensábamos que el Estado, aparte de ciertas medidas de gracia, daría su visto bueno al inicio de unas conversaciones entre partidos políticos en las que se acordarían los pasos a dar para un eventual cambio del marco político.

Hoy las cosas se ven de otra forma, porque la bomba de la T4, además de la vida de dos seres humanos, se llevó esa visión del final dialogado del terrorismo. Porque esa última tregua se truncó a pesar de que las conversaciones de Loiola habían llegado a unos preacuerdos de muy difícil asimilación por parte de los sectores políticos españoles más reacios a permitir avances en el autogobierno vasco. Especular es arriesgado, pero pienso que incluso aquellos acuerdos tenían un recorrido difícil de cara a su materialización efectiva.

Pues bien, si a pesar de la declaración de Anoeta, lo preacordado en Loiola no era suficiente para que ETA abandonase definitivamente las armas, ¿qué razón hay para pensar que otro acuerdo posible lo será? Y cuando digo posible, me refiero no sólo a lo que la clase política española pueda estar dispuesta a aceptar, sino también a lo que pueda dar por bueno la propia ciudadanía vasca. Es más, pienso que la organización terrorista no va a poner fin a su existencia por voluntad propia, porque en ella opera, como en otras organizaciones, la misma pulsión por la supervivencia que caracteriza a los seres vivos. Por ello, creo que ningún proceso de paz servirá para alcanzarla; tan sólo valdría para revitalizar políticamente a la organización terrorista. Al fin y al cabo, las expectativas de protagonizar una negociación constituirían un excelente tónico para la militancia de sus miembros y su cantera; nada más (y nada menos).

Y sin embargo, paradójicamente, puede que haya más de un interesado en el desarrollo de un proceso de paz. La izquierda abertzale es la más evidente interesada en que tal cosa ocurra, claro está, ya que le daría un protagonismo político que, de lo contrario, no dejaría de perder. Pero el PSOE, y más en concreto el mismo presidente del Gobierno, podrían también llegar a barajar esa opción en serio. Al fin y al cabo, ante unas expectativas electorales socialistas tan negativas como lo parecen en este momento, Zapatero podría estar tentado de buscar un triunfo político que ofrecer al electorado, y ese triunfo bien podría ser el final del terrorismo. Y claro, la vía policial en exclusiva no va a permitir certificar tal final en un corto espacio de tiempo; ello sólo sería posible si ese final es el resultado de algún acuerdo. Esto puede resultar extraño, pero hay elementos que hacen que no lo parezca tanto. Recuérdese, por ejemplo, que en abril de 2009, hace ahora un año, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, afirmaba que "la paz se abrirá paso en 2011". Quizás sabía de lo que hablaba.

Por todo ello, no debieran haber provocado tanto escándalo las declaraciones del eurodiputado Mayor Oreja. Al fin y al cabo, si puede hacerse caso al presidente de su partido, Mayor sabe de lo que habla. Y por otro lado, el anuncio del Gobierno socialista relativo a la nueva legislación electoral que proyecta no constituye desmentido suficiente. Porque mantener abierta la posibilidad de conversaciones para acabar con el terrorismo es compatible con el endurecimiento de las condiciones para la izquierda abertzale ilegalizada. Llegado el caso, esas condiciones dejarían de tener sentido, tal y como ocurrió en 2006.

Quizás en este contexto deba interpretarse el breve texto hecho público por un grupo de personalidades y entidades de diferentes países. Piden a ETA un "alto el fuego permanente, completamente verificado" indicando que una respuesta "adecuada" por parte del Gobierno español permitiría dar pasos significativos a favor de una solución definitiva al llamado "conflicto vasco".

Y hay quien se pregunta: ¿qué habría de malo en ello? ¿Qué habría de malo en que se produjese un proceso de paz que acabase con el terrorismo y facilitase la victoria electoral a Zapatero? Pues bien, si todo acabase de esa forma, nada de malo habría. Pero pienso que ese escenario es una quimera. Cualquier anuncio o declaración que haga verosímil un futuro proceso de paz actúa, en la práctica, como un incentivo para el mantenimiento de la violencia terrorista. Y como dudo que ETA vaya a dejar de existir de forma voluntaria, creo que tal proceso de paz sería estéril, pero en el camino se le habrían otorgado incentivos en la dirección equivocada.

El terrorismo va a seguir declinando. Y el declinar será aún más rápido cuando sea la propia izquierda abertzale ilegalizada la que lo rechace. Antes o después lo hará, con unos u otros protagonistas, porque si no lo hace será cada vez más irrelevante políticamente. Cuanto más tarde lo haga, peores consecuencias tendrá para ellos y más difícil será que sus aspiraciones políticas puedan ser satisfechas. Y dudo que procesos de paz o sucedáneos, sea cual sea el aval internacional con que cuenten, faciliten el necesario desenlace.