por iñaki gonzález (*)

Los condenados en el "caso Egunkaria"

terminó el sainete en su acto principal. Quedan por definir recursos y la indemnización de los acusados hoy absueltos en el caso Egunkaria, además del resarcimiento de los afectados, que debería alcanzar al conjunto de trabajadores que tenían su proyecto vital en torno a aquel medio de comunicación y lo vieron truncado con desigual suerte. No son asunto menor, como no lo es el hecho de que no habrá dinero para remendar los rotos de la difamación a la que ha sido sometido el conjunto de la cultura vasca en euskera por parte de voces que no se bajarán de ese burro en el que han encontrado feliz acomodo para sus insultos.

Decía el lunes algún político que el juicio contra Egunkaria no era un juicio contra la cultura vasca y tenía razón. En los ataques gratuitos e insistentes hacia las ikastolas, los euskaltegis, las asociaciones y los periódicos en lengua vasca no ha habido nunca el mínimo de garantías procesales propios de un juicio. La criminalización sistemática practicada no ha necesitado de verdades para sostenerse y, ante ella, tan crudo ha sido el ataque como la pasividad de quienes, conociendo la realidad del país, callaron complacientes. La Audiencia Nacional no ha absuelto al euskera ni a la realidad sociocultural vasca porque ésta no estaba en el banquillo. Simplemente era lapidada contra el muro trasero de la Justicia por el mismo montaje mediático y político que marcó todo lo demás durante la mayoría absoluta del Gobierno de Aznar.

Una estrategia tan obscena que una sentencia judicial se ha visto en la obligación de desmentir la falacia que ha sustentado esa criminalización constante. ¿Por qué, si no, se siente el tribunal en la necesidad de constatar y rechazar estas prácticas? Así lo hace en la sentencia cuando afirma lo siguiente: "La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce, en el proceso penal, a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación".

A la ligereza con la que en su día se practicó desde la dignidad de cargos institucionales de primer nivel esta criminalización de las especificidades socioculturales vascas, como medio de criminalizar a su vez al conjunto del nacionalismo, no le ha seguido en tiempos más recientes al menos igual intensidad a la hora de desmentir desde las mismas instituciones mentiras de calado que se han afianzado en una parte significativa de la sociedad española. Quien no se contuvo en su día fue el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, en querellarse contra las cinco personas ahora absueltas por haber denunciado torturas. Aquella presunta difamación de la que se les acusó hoy debe ser leída a la luz de la sentencia, que califica "de especial relevancia" el hecho de que las denuncias de tortura coincidan con los informes médico-forenses y llevan al Tribunal a "constatar que no hubo control judicial suficiente y eficiente".

Llegados aquí, cuando ya sabemos que los acusados son y durante siete años han sido inocentes, cabe preguntarse si hay culpables de un proceso que, lejos de ser evidencia del funcionamiento del Estado de Derecho, pone de manifiesto la instrumentalización política del mismo. El dedo acusador al juez instructor, Juan del Olmo, parece evidente. Sin embargo, no confío en que estos días, en los que se trata con tanto celo el proceder de algunos jueces en otros casos y se habla de prevaricación con letras capitulares, haya el valor de aplicar a este otro proceder el mismo principio por parte de los mismos azotadores.

Pero el juez Del Olmo debe hacer sitio en ese banquillo ético a alguno más. Sin duda, al ministro de Interior que amparó el proceder inequívocamente negligente de la Guardia Civil en este caso y que actuó en sorprendente connivencia con el juez con la publicación de una nota conjunta del Ministerio y el Juzgado de la Audiencia Nacional, hecho sin precedentes, que explicaba una operación policial basada en especulaciones. Al propio instituto armado, a cuyos miembros se cuestiona en su proceder tanto en la custodia de los detenidos como en la creatividad de sus informes, cargados de interpretaciones ajenas a pruebas de cargo que las sustentaran. Y, por extensión, a no pocos tribunales de la propia Audiencia Nacional que, a diferencia del que preside Gómez Bermúdez, sí consideraron prueba pericial de cargo en otros casos informes policiales meramente interpretativos. Al final, no parece que le hayan faltado culpables al caso Egunkaria. Otra cosa es que se vaya a corregir su impunidad.

* Periodista

RASCACIELOS, pisos de lujo de muchas alturas, coches deportivos, hoteles de lujo. Y junto con los residuos y desperdicios de toda esta civilización hay miles de personas que se encuentran en la acera de enfrente, en los sótanos o en las afueras de la zona lujosa, en la miseria, porque no les dejan entrar, pero ahí están, aunque pretendamos presentarlos como invisibles. Algunas personas que sobreviven en estos lugares son muy vagas, tanto o más que las que superviven en los pisos de lujo. Otras son trabajadoras, tanto o más que otras.

En el país más poderoso de la tierra casi 40 millones de personas pueden ser consideradas como habitantes de ese mundo de personas marginadas y empobrecidas. Muchas de ellas han dado el salto a la marginación a causa de una enfermedad. Un tratamiento excesivamente caro para sus posibilidades económicas les ha hecho perder la vivienda o les ha llevado a una situación de extremadas carencias. Obama, con su pretendida reforma sanitaria, parece que está contribuyendo a amortiguar algunos de estos golpes, a pesar de la feroz oposición de quienes tienen medios suficientes para acceder a los últimos adelantos de la medicina. Hay voces que afirman que los avances no son suficientes, y otras afirman que era lo único que se podía hacer, y gracias.

Sea lo que sea, demos gracias al Estado de Bienestar. Muchos de nuestros estudiantes no quieren reconocer que en este país la enseñanza es gratuita, la sanidad es gratuita y hay determinadas prestaciones sociales, insuficientes siempre, pero que dignifican a las instituciones y al pueblo que las propugna. Y eso no significa que uno sea partidario de dar prestaciones sin contraprestaciones. Hoy corren vientos que pretenden desmantelar diversas conquistas del Estado de Bienestar en Europa.

El paro, ese ejército de reserva del capitalismo, en palabras marxianas, que sorpresivamente no ha muerto, es el otro índice que carcome las bases del Estado de Bienestar y amenaza con crear un Cuarto Mundo allí donde otro tipo de coberturas son universales.

Da la impresión de que quien sufre carencias económicas es una persona vaga que intenta desplazar por la fuerza a quienes viven confortablemente con el sudor de su frente, y así se justifican los calabozos en los que, casualmente, no se encuentran quienes realizan los robos de más de seis ceros. ¿Cómo es posible que 200 personas del globo terráqueo tengan tanto dinero como cuarenta países?