LA presente Carta Magna reconoce el derecho de la ciudadanía a tener una vivienda (como hace el resto de las europeas), sin embargo, esto resulta más que imposible para la mayoría de la juventud, debido a que los jóvenes que trabajan lo hacen en empleos precarizados y de manera eventual, basta con señalar que la población joven gana de media sólo 900 euros al mes, con la tasa de paro juvenil más alta de Europa, en el entorno del 40% y con unas tasas de temporalidad de más de la mitad de su población ocupada, lo que alguna cadena de televisión como La Sexta ha venido en llamar de manera parcial, injusta y sin buscar los porqués la generación ni-ni. Todo esto contrasta con la relativa facilidad que tienen los jóvenes de otros países europeos para abandonar el hogar de sus padres e independizarse, los jóvenes nacidos en el Estado nos independizamos de media a los 29 años de edad frente a los jóvenes del resto de Europa que lo hacen recién acabada su formación académica. Toda esta situación tiene una explicación socioeconómica y no es porque los jóvenes que vivimos en el Estado español seamos diferentes al resto de la juventud europea o nuestras familias estén más unidas.

En primer lugar, habría que decir que la política de vivienda que se ha hecho hasta la fecha por las diferentes administraciones ha lucido por su ausencia, nuestro país dedica a gasto público en vivienda un 0,5% del PIB frente a la media comunitaria del 2% y la del 3% de los países nórdicos. Las mayores aportaciones del Estado en esta materia son la desgravación por la compra de una vivienda del 15%, lo cual ha incentivado a las clases acomodadas a invertir en este sector económico.

Distorsionando nuestra economía hasta límites difícilmente imaginables, así España es el Estado miembro de la UE que más porcentaje de su producto interior dedica a la construcción, en total un 17,9%, si a esto le añadimos los sectores relacionados con la misma llegamos hasta el entorno del 40% del PIB, lo cual constituye una autentica barbaridad a la que hay que poner remedio, más pronto que tarde.

Otro factor importante es el del mercado laboral juvenil y más concretamente el salario mínimo interprofesional que está situado en 633 euros frente a los 1.336 que tienen al otro lado del Pirineo, si aplicáramos este nivel de protección salarial en nuestro país, teniendo en cuenta nuestros salarios nos corresponderían 1.100 euros (el equivalente en nuestra renta de los 1.336 euros de Francia).

Para poder bajar el elevado peso del sector inmobiliario de nuestra economía y hacer posible que la gente joven pueda tener un techo, las soluciones que planteamos son por un lado en el sector inmobiliario y en el campo del mercado laboral: reivindicamos aumentar un 50% los impuestos sobre inmuebles vacíos y segundas viviendas que son el 35% de los inmuebles de nuestro país; la rehabilitación del casco histórico de nuestras ciudades y su remodelación, ya que está demostrado que la rehabilitación de una vivienda antigua genera más empleo que la de una de nueva construcción; la totalidad de las VPO construidas en todo el territorio estatal deben ser puestas en régimen de alquiler a precios de entre 200 y 300 euros como máximo, en función del tamaño, necesidades, nivel de renta…; transformar la intervención del Estado en materia de vivienda de una política económica a una autentica política social y la igualación del gasto en vivienda a la de los países más avanzados de nuestro continente; eliminación de cualquier tipo de desgravaciones por la compra de una vivienda; los ayuntamientos deben tener una autofinanciación propia que no dependa de los ingresos inmobiliarios, para no potenciar la corrupción y que esa financiación salga de los impuestos existentes o con la creación de otros nuevos, un impuesto sobre el que se podría intervenir al alza sería el que grava la renta de las clases altas, que con la llegada de la democracia estaba en el 65% de los ingresos totales y que tanto la derecha como el PSOE han bajado hasta el 45% y un mayor control fiscal, ya que nuestro Estado es el que más dinero sumergido tiene de toda la UE, por delante de países como Italia, Grecia...

En el aspecto laboral pedimos las siguientes medidas: eliminación de las prácticas no remuneradas, elevación del SMI a 1.100 euros, que las administraciones autonómicas pidan explicación de por qué se tiene a una persona contratada de manera temporal (como ocurre en el resto de países de la UE), eliminación de los ERE, suprimir las prácticas no remuneradas en las empresas tanto privadas como del sector público.

Para finalizar, pedimos subvencionar la contratación a los jóvenes hasta los 30 años de edad, ya que es el sector más afectado por la crisis y donde mayor concentración de desempleados se da, así como fomentar la contratación indefinida, porque entendemos que sólo así los jóvenes podremos tener una vida propia.

*Área de Juventud de IU