según diversas noticias aparecidas recientemente en los medios de comunicación, algunas formaciones políticas sugieren o proponen abiertamente la gestión privada de los recursos residenciales forales destinados a las personas mayores, al considerarlas "insostenibles". Nos preguntamos, como profesionales del Bienestar Social, qué cobertura de necesidades ciudadanas puede calificarse como "insostenible". ¿La educación? ¿La sanidad? ¿La seguridad ciudadana? ¿Que se pague la escuela y la universidad quien pueda hacerlo de su propio bolsillo? ¿Que sufrague el coste de la medicina y los tratamientos cada ciudadano/a según su nivel adquisitivo? ¿Para unos sí, para otros menos, para otros veremos?
En profesiones como la nuestra, gran parte de la calidad de las intervenciones viene dada por las condiciones laborables y asistenciales en que se produce la interacción con el usuario. No se puede pretender que trabajadores escasamente remunerados, en condiciones difíciles y sobrecargadas de trabajo puedan garantizar las condiciones mínimas de calidad y dignidad tanto en la relación asistencial como en sus resultados. No se trata de mantener organismos vivos en sus funciones básicas sino garantizar a las personas residencializadas el máximo nivel de calidad de vida, disfrute e interacción con el medio.
Como profesionales conocemos la saturación de listas de espera y la demanda de la ciudadanía de estos servicios. Pulsamos de cerca las necesidades y las demandas. Por ello podemos afirmar que las personas que demandan nuestros servicios muestran una clara preferencia por los servicios sociales públicos residenciales de la Diputación Foral de Álava en detrimento de los privados. ¿Por qué será? A día de hoy, efectivamente, no es comparable el nivel y calidad de servicio prestado por el ente foral y las entidades privadas. Y lógicamente, por tanto, tampoco lo es el coste. Los centros públicos residenciales cuestan lo que tienen que costar, tanto al usuario del servicio como a la comunidad ciudadana que lo sufraga. ¿Es el dinero el determinante de la garantía del mantenimiento del nivel de calidad de vida de las personas que están a nuestro cargo?
La última fase de la vida del anciano residencializado es absolutamente vital e intensa. Aquejado de graves problemas de salud y dependencia que motivan su desvinculación del medio social y familiar, obligado a convivir con personas que no ha elegido, se encuentra con la última oportunidad de todo. ¿Acaso no merece la situación de estos conciudadanos una especial atención y mimo en términos de calidad y bienestar? Como profesionales conocedores del campo que nos ocupa podemos afirmar que ninguna concertación privada, sea cual sea la forma en que se presente, podrá nunca igualar el tratamiento prestado en nuestros centros. Y es que mientras una atiende al mercado, al rédito y al beneficio, lo público -como siempre ha sido y debe seguir siendo- funcionará con criterios de servicio a la ciudadanía, desligado del interés económico mercantilista.
Los servicios sociales públicos son un derecho ciudadano al que se accede por el simple hecho de pertenecer a una comunidad que abona mediante sus impuestos el mantenimiento de estos servicios. Impuestos que, por cierto, sirven para alimentar también el sueldo de esos representantes que se permiten polemizar públicamente y con vocación de trascendencia sobre lo público y lo privado a expensas del sector más débil y vulnerable de nuestra comunidad.
Se pueden sacar a colación cifras, datos comparativos, hacer las piruetas numéricas que se quieran. Pero los datos son los que son: los alaveses reclaman plazas en los centros de gestión pública, tomando la obtención en plazas de centros privado-concertados como un puente para entrar en la red pública. Y no es un capricho. Saben de lo que hablamos. Que el bienestar social del anciano residencializado, el mantenimiento de la más alta cota posible de dignidad y calidad de vida no tienen precio. Si alguien tiene dudas al respecto que pregunte a usuarios, familiares y trabajadores de la residencia Ariznabarra.
Aquella decisión de diseñar el servicio fue otra idea lúcida de los políticos de turno para abaratar servicios que no son abaratables por la propia naturaleza de sus contenidos. A ver cuándo nos damos cuenta que se pierde menos dinero y prestigio apostando racionalmente por un servicio público bien equipado y asistido, en vez de concertando-externalizando servicios básicos a los que tenemos que acudir posteriormente in extremis a rescatar (¿recuerdan la operación rescate de ancianos en Clínica Álava con los autobuses adaptados de Diputación para colocarlos en las residencias forales, dado el penoso estado de las instalaciones de la entidad privada?).
Cuando quieran estamos dispuestos a señalar de qué manera puede el ente foral obtener el dinero que dice necesitar para mantener y desplegar lo que siempre hemos tenido afianzado como uno de los distintivos de calidad en nuestra provincia. El dinero se invierte donde interesa. Es una decisión política. Nosotros seguimos apostando por servir al ciudadano, especialmente al que se encuentra en situación más vulnerable, en términos de calidad y rigor profesional. Parece que a algunas mentes preclaras se les está ocurriendo emplear el dinero público de otra forma. Estaría bien que nos señalaran y argumentaran cómo, dónde, y por qué.
Nosotros seguimos propugnando la ampliación de la cobertura y gestión pública en esta área como única garante del mantenimiento de la calidad de vida y bienestar para los conciudadanos afectados de graves situaciones de deterioro y dependencia en la última fase de su período vital.
