LA Policía Municipal procedió ayer a hacer efectivo el desahucio de tres de las familias gitanas del clan conocido como los bartolos que desde hace años residen en el inmueble de la avenida de Los Huetos, frente a la Azucarera. Se trata de un procedimiento judicial que tristemente afecta a numerosas personas que no consiguen cumplir con sus obligaciones con el banco a la hora de hacer efectivos los pagos de la hipoteca. Sus protagonistas forman parte de las estadísticas, más aún en estos tiempos de crisis y desempleo: engrosan esos porcentajes de ciudadanos que en plena recesión económica entran a formar parte de ese eufemismo llamado bolsa de pobreza, pero nunca, o rara vez, se convierten en actores de un espectáculo multimedia como el que tuvo lugar ayer en Vitoria. Y de eso se trató la actuación policial, de un desahucio en directo de consecuencias limitadas, porque las tres familias en cuestión regresaron al inmueble y ocuparon los otros pisos que, al parecer, pertenecen a la familia. Más allá de las singulares características de los bartolos, que han llenado durante los últimos años páginas y páginas en los medios de comunicación, en algunos casos en episodios delictivos con armas de fuego, no es fácil de comprender la manera como el Ayuntamiento ha gestionado este supuesto punto final, que en realidad es un punto y seguido. La lógica discreción en este tipo de acciones policiales, además de la prudencia que cabe exigir a nuestros responsables políticos, han brillado por su ausencia. Si el equipo de Gobierno se comprometió a construir con sensatez y tacto, junto al resto de grupos municipales y los servicios competentes, el futuro a medio plazo de este polémico clan, qué sentido tenía haber anunciado a los cuatro vientos el desahucio de ayer. No existe ganancia alguna en convocar a los medios de comunicación para que retransmitan un desalojo judicial: ni para el PSE, que gobierna en el Ayuntamiento, ni para Vitoria, que se convierte en lamentable materia informativa. Sólo cabe pensar, por tanto, en un error, una torpeza voluntaria o involuntaria que no puede volver a suceder. Lo que tenga que hacer el Ayuntamiento con estas familias tendrá que resolverlo con las reservas necesarias que exigen estos casos.
