el victimario de Nagore Laffage ha sido convertido en víctima por un jurado popular, en víctima paradójica de las "artimañas" de la mujer a la que mató. Una radical inversión de papeles que sugiere, cuando menos, dos reflexiones urgentes. Una sobre la puesta en marcha del jurado, la otra sobre la propia sociedad. Tal y como está planteado, el sistema de jurado no tiene nada que ver con avanzar hacia un sistema judicial menos corporativo y más comunitario.
Los jurados son obligados a ejercer como tales bajo amenaza de grave sanción, la mayoría de los elegidos por sorteo lo viven, por tanto, como un inconveniente personal y no como un servicio a la sociedad. El sistema de jurado nos conduce hacia el sistema estadounidense, donde brillantes abogados, que pocos pueden pagarse, convencen a jurados poco preparados de que dos y dos son cinco. La Justicia Comunitaria es otra cosa.
Se basa en el fomento del consenso, la restitución pactada del daño, la reinserción del delincuente, y la búsqueda de alternativas a la cárcel. Los valores profundos de la sociedad difieren de su formulación políticamente correcta. Los prejuicios de género, clase y raza, pesan mucho todavía en el imaginario colectivo. Si el acusado hubiera sido una mujer que seduce a un hombre, lo lleva a su casa y allí lo mata; o bien un hombre emigrante y de clase baja que mata a una mujer? ¿El veredicto habría sido el mismo?
Hace unos años entrevisté en Bolivia a Casimira Rodríguez: indígena, ex empleada de hogar, y por aquel entonces ministra de Justicia. Me dijo que implantar la Justicia Comunitaria exigía una previa concienciación social en los valores de la igualdad.
Una tarea de educación popular. Mientras tanto, ella consideraba que los delitos como violaciones o asesinatos no debían ser juzgados por la comunidad, sino por una Justicia Ordinaria que respetara los principios elementales de la ética.
