En 1999, 700 palestinos fueron temporalmente expulsados de sus hogares en un área rural del sur de Cisjordania. Hoy, tras un reciente fallo del Supremo israelí, muchos de ellos y sus descendientes, unas 1.200 personas, podrían ser expulsados nuevamente en uno de los mayores desalojos en zona ocupada desde 1967.
Nidal Younes aún recuerda a qué colina escapó aquella mañana de noviembre en 1999, cuando las tropas israelíes desembarcaron en su remota aldea al sur de Hebrón a bordo de excavadoras y camiones. La demolición de viviendas y otras estructuras no era una novedad en la desértica región de Masafer Yatta, al sur de Hebrón, pero sí el traslado de su población y de todas sus pertenencias a una aldea cercana.
Si bien Younes y el resto de los habitantes retornaron poco después, el proceso judicial que congeló tanto su desahucio como cualquier tipo de construcción en esas aldeas se extendió por 22 años, hasta que el pasado 4 de mayo el Tribunal Supremo israelí autorizó su expulsión definitiva para convertir el área en una zona de entrenamiento militar.
SIN SERVICIOS BÁSICOS
Se trata de un remoto territorio de colinas agrestes que abarca unos 20 kilómetros cuadrados, serpenteado por rústicos caminos de tierra que conectan ocho pequeños poblados con escaso acceso a servicios básicos como agua corriente o electricidad.
Allí viven unas 1.200 personas, incluidos 500 niños, que desde hace dos semanas se acuestan cada noche en sus rudimentarias construcciones sin saber si les despertarán los primeros rayos de sol o las excavadoras de los soldados israelíes que arrasarán su habitat.
"Desde la decisión de la Corte todos los habitantes de Masafer Yatta tienen miedo de que en cualquier momento los israelíes vengan a confiscar sus pertenencias, los expulsen de sus casas o demuelan sus pueblos, que están aquí hace cien años", dice a Efe Younes, de 46 años, padre de cinco hijos y que encabeza el consejo regional local.
La decisión de la Corte favoreció al Gobierno israelí, que desde hace décadas intenta expulsar a estas comunidades.
Los jueces desestimaron las evidencias presentadas por los habitantes de Masafer Yatta que probaban su residencia permanente en el lugar antes de que Israel convirtiera en 1981 esas tierras en la Zona de Entrenamiento 918.
También rechazaron el argumento de la defensa que describía un eventual desalojo como un desplazamiento forzado de población, en violación del derecho internacional.
FALLO INAPELABLE
Si bien no es seguro que las autoridades israelíes avancen con la expulsión, este fallo inapelable permite al COGAT, organismo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, llevar a cabo desalojos, demoliciones o confiscaciones en cualquier momento y sin previo aviso.
De hecho, la semana pasada oficiales del COGAT efectuaron la mayor demolición en la zona desde 2016, al derribar 19 estructuras en las aldeas de Markez y Al Faheit, más de la mitad de ellas residencias familiares.
"El miércoles a las 10 de la mañana nos encontramos con un gran número de soldados rodeando la aldea con excavadoras. Intentamos detenerlos, confrontarlos, pero amenazaron con arrestarnos a mí y a mis hijos, así que simplemente nos hicimos a un lado y observamos cómo destruían todo", relata a Efe Mahmud Ali Najajra, residente de 66 años de Markez, donde nacieron su padre, su abuelo, hijos y nietos.
La decisión de los habitantes de Masafer Yatta es clara: permanecer allí hasta que los echen a la fuerza y apelar a la comunidad internacional para que presione a Israel y detenga su expulsión.Esta semana, tras una serie de visitas diplomáticas, tanto la Unión Europea (UE) como Naciones Unidas instaron al Gobierno israelí a permitir la permanencia de los habitantes de la zona.
"La UE condena estos posibles planes e insta a Israel a que ponga fin a las demoliciones y los desalojos, de conformidad con sus obligaciones con el derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos", señaló un portavoz de la UE, para quien instaurar una zona de entrenamiento militar no puede ser considerado una "razón militar imperativa" para el traslado de población bajo ocupación.
Aunque la situación de Masafer Yatta resulta un caso excepcional por la cantidad de personas bajo amenaza de desalojo, la decisión de convertirla en una zona de entrenamiento militar responde a una política habitual israelí de confiscar tierras palestinas con este argumento.
Estas tierras se ubican en el Área C de Cisjordania, que, según los Acuerdos de Oslo de 1993, está bajo control administrativo y militar israelí y alberga a unos 450.000 colonos judíos y en torno a 300.000 palestinos.
