- La provincia de Lima amaneció ayer entre la sorpresa y el desconcierto de sus habitantes en las primeras horas de un toque de queda ordenado poco antes por el Gobierno del presidente Pedro Castillo, una medida que la Defensoría del Pueblo y diversos políticos consideraron inconstitucional. Aunque la medida afectó a unas diez millones de personas que viven en las dos provincias, excepto a los trabajadores de actividades esenciales, al amanecer de ayer numerosos ciudadanos se mostraron sorprendidos y se reunieron en paraderos, sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad.
Efe constató la sorpresa de muchos de ellos, que no se habían enterado de la decisión del Gobierno, anunciada poco antes de la medianoche por Castillo, mientras otros indicaron que, de todas maneras, debían llegar a sus trabajos. A las paradas en grandes avenidas en la ciudad solo llegaron algunos autobuses de la Policía Nacional para recoger a personas que buscaban un transporte, como en el distrito de Santa Anita, en el este de la capital peruana.
La Carretera Central, la principal autopista que une a Lima con el centro del país, que fue bloqueada el lunes en algunos tramos por manifestantes, también lucía desierta y con personas esperando la eventual aparición de algún medio de transporte.
A pesar de ello, la emisora RPP informó de que el Mercado Mayorista de Santa Anita, el más grande de Lima, inició su actividad con normalidad y decenas de vehículos ingresaban para comprar productos para sus puestos y tiendas.
En medio de ese escenario, la decisión del Ejecutivo fue calificada de “inconstitucional por la Defensoría del Pueblo, que en un pronunciamiento remarcó la “ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao”.
El toque de queda fue adoptado por el Consejo de Ministros en respuesta al paro de transportistas que cumplió una semana el pasado lunes, una jornada durante la que se vivieron cortes puntuales y temporales en algunas de las carreteras del país.
Asimismo, Castillo decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, “suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito”.
La norma solo exceptúa de la inmovilización al personal de servicio de salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones, limpieza, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías.
