- Primero fue la cadena pública de la BBC, ayer la agencia española Efe, Radio Televisión Española (RTVE) y la RAI italiana. Y junto a ellas, las cadenas públicas alemanas ARD y ZDF, la cadena estadounidense CNN y la agencia de noticias Bloomberg. La prensa internacional opta por el apagón de su trabajo y suspende temporalmente la labor de sus trabajadores en Moscú. Todo ello a raíz de la aprobación por la parte de la Duma o Parlamento ruso de la nueva ley que prevé hasta 15 años de cárcel por difundir lo que Moscú considera “información falsa”.
A través de una nota, Efe y RTVE suspendían sus actividades en Rusia alegando “motivos de seguridad” y “libertad de prensa”. En este contexto, la corresponsal de RTVE Érika Reija señalaba que abandonaba Rusia “con mucha tristeza” y daba las gracias a todos los que le han enviado “fuerza” en las últimas semanas.
“Acabo de abandonar Rusia. Con mucha tristeza, pero convencida de que es un paso necesario ante la posible criminalización de nuestro trabajo. Gracias a todos los que me habéis enviado fuerza en las últimas semanas, las más difíciles sin duda de toda mi vida”, apuntaba la corresponsal en su cuenta de Twitter.
La televisión pública italiana, la RAI, tomaba la misma decisión. “Tras la aprobación de la legislación que prevé fuertes penas de prisión por la publicación de noticias consideradas falsas por las autoridades, a partir de hoy la RAI suspende los servicios periodísticos de sus corresponsales de la Federación Rusa”, anunció la cadena en un comunicado de prensa.
“La medida es necesaria para proteger la seguridad de los periodistas sobre el terreno y la máxima libertad de información sobre el país. Las noticias sobre lo que ocurre en la Federación Rusa serán proporcionadas, por el momento, a partir de diversas fuentes por periodistas que trabajan para la empresa en los países vecinos y en las redacciones centrales de Italia”, concluía a RAI.
En este contexto, Reporteros sin Fronteras (RSF) anunció ayer que ha presentado una denuncia contra Rusia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra en Ucrania en razón de los ataques que han destruido antenas de emisión de decenas de radios y televisiones de ese país para impedirles la emisión. La denuncia se asienta en el argumento de que una antena de radiodifusión no puede considerarse un objetivo militar más que si es utilizada por el Ejército, si se dedica temporalmente a un uso militar o si tiene simultáneamente una utilización civil y militar.
RSF explica en un comunicado que en su procedimiento demuestra que las torres de televisión eran de uso únicamente civil, lo que significa que los ataques eran contra los medios de comunicación ucranianos a los que Moscú ha acusado de participar en una estrategia de información.
La organización de defensa de la libertad de prensa también subraya el carácter “intencional” de la destrucción de las torres y el hecho de que se estén llevando a cabo a gran escala, lo que pone en evidencia que hay “un plan deliberado”.
Quiere que la Fiscalía de la CPI integre su denuncia de crímenes contra los medios en las investigaciones que ha lanzado sobre lo que está ocurriendo en Ucrania.