Amnistía Internacional acusa a Israel de perpetrar crímenes de apartheid contra el pueblo palestino

AI ha solicitado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un embargo "integral" de armas a Israel que abarque todo tipo de armas y municiones, además de equipos antidisturbios, así como sanciones como el bloqueo de activos contra los funcionarios más implicados en la comisión de estos crímenes.

"Las autoridades israelíes deben rendir cuentas por cometer el crimen de apartheid contra la población palestina", ha indicado la organización en un informe que recoge que Israel "impone un sistema de opresión y dominación a la población palestina en los lugares donde tiene el control de los derechos de ésta".

"Nuestro informe revela el verdadero alcance del régimen de apartheid israelí. Vivan en Gaza, Jerusalén Este, Hebrón o en el propio Israel, los palestinos y palestinas son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos", ha manifestado la secretaria general de AI, Agnès Callamard.

"Concluimos que las crueles políticas de segregación, desposesión y exclusión en los territorios que están bajo control de Israel constituyen sin duda apartheid. La comunidad internacional tiene la obligación de actuar", ha indicado, antes de incidir en que "no hay justificación posible para un sistema construido en torno a la opresión racista institucionalizada y prolongada de millones de personas".

Así, ha hecho hincapié en que "el apartheid no tiene cabida en el mundo y los estados que deciden hacer concesiones a Israel se encontrarán en el lado equivocado de la historia". "Los gobiernos que continúan suministrando armas a Israel y que lo protegen de la rendición de cuentas ante la ONU están apoyando un sistema de apartheid, menoscabando el orden jurídico internacional y exacerbando el sufrimiento del pueblo palestino", ha agregado.

Por ello, ha sostenido que "la comunidad internacional debe afrontar la realidad del apartheid israelí y recurrir a las numerosas vías para que se haga justicia que permanecen lamentablemente inexploradas".

AI ha dicho que ha documentado actos cometidos por Israel prohibidos en la Convención contra el Apartheid y el Estatuto de Roma y ha afirmado que se promulgan "múltiples medidas" para negar a los palestinos sus derechos y libertades fundamentales, en "un ataque sistemático y generalizado" con el objetivo de "mantener el sistema de opresión y dominación".

POLÍTICAS DE CONTROL DEMOGRÁFICO

La ONG ha señalado que Israel busca desde 1948 "una política de establecer y después mantener una mayoría demográfica judía y de maximizar el control sobre las tierras y los recursos para beneficiar a la población judía israelí" y ha argüido que todos los territorios controlados por Israel se administran con este propósito, mientras que los refugiados palestinos siguen excluidos.

Asimismo, ha incidido en que "no cuestiona el derecho de Israel de ser un hogar para la población judía" o que "el hecho de que Israel se autodenomine 'Estado judío' indique en sí mismo la intención de oprimir y dominar".

Sin embargo, ha dicho que los gobiernos israelíes han considerado a la población palestina como "una amenaza demográfica" y han impuesto medidas para "reducir su presencia y su acceso a la tierra", algo que "queda bien ilustrado" en los planes para "judaizar" zonas de Israel y Cisjordania, incluido Jerusalén Este.

La ONG ha denunciado la "segregación" de los palestinos de la población israelí judía y ha señalado que "la población palestina está fragmentada geográfica y políticamente y experimenta niveles diversos de discriminación en función de su condición y de su lugar de residencia".

En este sentido, ha sostenido que los palestinos que cuentan con ciudadanía y viven en Israel gozan de "más derechos y libertades" que los que viven en los TPO --con situaciones "muy diferentes" en Cisjordania y la Franja--, si bien "toda la población palestina está sometida al mismo sistema general".

"AI demuestra que las autoridades israelíes tratan a la población palestina como a un grupo racial inferior definido por su condición de árabe no judía. Esta discriminación racial está cimentada en leyes que afectan a la población palestina en la totalidad de Israel y los TPO", ha agregado, mientras que los refugiados y sus descendientes siguen sin poder volver a sus hogares.

ACCESO A LA TIERRA

En otro orden de cosas, ha manifestado que a la población palestina "se le impide efectivamente el arrendamiento de suelo en el 80% de las tierras estatales de Israel como consecuencia de confiscaciones racistas de tierra y de una red de leyes discriminatorias sobre asignación, planificación y zonificación de las tierras".

Un ejemplo se vive en el Néguev, donde se han adoptado "diversas políticas para judaizarlo", lo que ha tenido un impacto "devastador" para decenas de miles de beduinos palestinos que "están desconectados de las redes nacionales de suministro eléctrico y de agua y son blanco de reiteradas demoliciones".

Por todo ello, ha reseñado que "la desposesión y el desplazamiento de la población palestina de sus casas es un pilar fundamental del sistema de apartheid israelí", con "confiscaciones de tierra masivas y crueles contra la población palestina" y "multitud de leyes y políticas para obligar a ésta a vivir en pequeños enclaves".

A ello se suma la "expansión continua" de los asentamientos en Cisjordania, lo que ha llevado a que el 10% de los terrenos en Cisjordania estén en manos de colonos, mientras que entre 1967 y 2017 se ha expropiado cerca del 38% de las tierras palestinas en Jerusalén este.

RESTRICCIONES DE MOVILIDAD

En este contexto, las autoridades israelíes imponen desde mediados de la década de los 90 restricciones a la circulación "cada vez más estrictas" a los palestinos con una red de controles, cortes de carreteras y estructuras, que se suman al muro de separación construido por Israel.

"Para la población palestina, la dificultad de viajar dentro de los TPO y para entrar y salir de ellos es un recordatorio constante de su impotencia. Todos sus movimientos están sometidos a la aprobación del Ejército israelí y para hacer la más simple tarea cotidiana hay que navegar por toda una red de control violento", ha dicho Callamard.

"El sistema de permisos en los TPO es representativo de la descarada discriminación que ejerce Israel hacia la población palestina, encerrada por un bloqueo, atascada durante horas en los controles o esperando a obtener otro permiso más mientras que la ciudadanía y los colonos israelíes pueden circular como les place", ha añadido.

De esta forma, la ONG ha recalcado que, aunque algunas políticas israelíes podrían tener objetivos legítimos de seguridad, la forma en la que han sido aplicadas es "manifiestamente desproporcionada y discriminatoria". Por otra parte, otras "carecen de toda base de seguridad razonable y están conformadas claramente por la intención de oprimir y dominar".

Por todo ello, Callarmard ha manifestado que "la respuesta internacional al apartheid no debe seguir limitándose a condenas anodinas y declaraciones ambiguas". "A menos que abordemos las causas fundamentales, la población palestina y la israelí seguirán bloqueadas en el ciclo de violencia que ha destruido tantas vidas", ha explicado.

"Israel debe desmantelar el sistema de apartheid y empezar a tratar a la población palestina como a seres humanos con iguales derechos y dignidad. Hasta que eso ocurra, la paz y la seguridad seguirán estando lejos para la una y para la otra", ha zanjado.