- La ONU señaló ayer al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sus ministros del Interior y Defensa, y los altos mandos militares, policiales y de inteligencia como responsables de violaciones de los derechos humanos tan graves que, en ciertos casos, constituyen crímenes contra la humanidad. Los detalles se exponen en un informe de 411 páginas que será presentado al Consejo de Derechos Humanos el próximo día 23.

Según la investigación, los crímenes más comunes cometidos por las fuerzas de seguridad desde 2014 han sido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, dirigidas a tres grupos en particular: manifestantes, ciudadanos opositores o percibidos como tales y supuestos delincuentes.

La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, dijo que la Misión que dirigió -compuesta por otros dos miembros y un equipo técnico de apoyo revisó 2.500 incidentes que involucraron 4.600 asesinatos "cometidos por las fuerzas de seguridad" que podrían considerarse "ejecuciones extrajudiciales".

Por su parte, el comisionado Francisco Cox Vial precisó en una rueda de prensa virtual con periodistas en Ginebra que la ONU recibió información de diversas fuentes que daban cuenta de 3.479 casos de detenciones arbitrarias por razones políticas en los últimos seis años.

Las principales entidades involucradas en los crímenes son la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y en particular las Fuerzas de Acción Especial (FAES), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En su investigación, la ONU no solo entrevistó a víctimas, familiares, abogados y testigos, sino también a policías, militares y miembros de los servicios de inteligencia, incluidos algunos que siguen en funciones, a través de medios telemáticos, según aseguró la propia organización internacional. No obstante, lamentaron "que el Gobierno no haya respondido" a ninguna de sus comunicaciones.

Respecto a la responsabilidad de Maduro, Cox dijo que la ONUobtuvo información que indica que el presidente ha dado en ocasiones órdenes directamente al director del SEBIN para seguir a alguien en particular. La persona en cuestión era puesta bajo vigilancia, se reunía información sobre ella, se interceptaban sus comunicaciones y luego era detenida sin orden judicial, "solo porque había una orden del presidente", explicó.