La justicia universal pone fin a 30 años de impunidad en el asesinato de Ellacuría

En la lectura pública de la sentencia, el tribunal condena a Montano como "responsable de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista" (los jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo). Por cada uno de ellos le impone la pena de "26 años, 8 meses y un día de reclusión mayor", si bien el límite máximo de condena no excederá los 30 años.

En la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal también se considera a Montano autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López y López, de la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y de su hija de 15 años, Celina Mariceth Ramos, ejecutados junto con los religiosos, si bien no puede condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.

Los sacerdotes asesinados se habían erigido en mediadores para un proceso de diálogo en el conflicto armado salvadoreño entre fuerzas gubernamentales y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), que duraba ya más de diez años, y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a "una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin".

El padre Ellacuría, natural de Portugalete, era considerado, como rector de la Universidad Centroamericana, uno de los analistas políticos más importantes del país y tenía una fuerte influencia en la sociedad salvadoreña e insistía en la idea de que no creía que fuese posible una victoria militar ni de las fuerzas armadas ni del FMLN.

Según la sentencia, esa participación en la vida pública le había creado poderosos enemigos y, de hecho, los jesuitas habían sido blanco durante toda la década de amenazas de muerte, registros y atentados en la universidad que fueron creciendo en intensidad y en número -hasta 49 en el año 1989-. Así, el papel de la Iglesia como mediadora en el conflicto le granjeó la enemistad de la extrema derecha, que temía perder privilegios fruto de esa negociación. Por eso, la línea dura centró su atención en obstaculizar el proceso de paz ya que se buscaba la depuración de las Fuerzas Armadas.

Dado que Ellacuría era el principal valedor de esa purga en el ejército que pusiera fin a la influencia de los oficiales de la Tandona -poderosa promoción de la Academia Militar de Oficiales del Ejército salvadoreño que esperaba gobernar a finales de la década y a cuyo "círculo íntimo" pertenecía el ahora condenado Inocente Montano-, se gestó entre ellos la idea de que era un "enemigo" cuya labor de intermediación suponía una amenaza para su privilegiada posición, "por lo que comenzaron a plantearse la conveniencia de acabar" con su vida, lo que finalmente llevaron a cabo durante la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989.

Tras conocerse la sentencia, el lehendakari, Iñigo Urkullu, consideró que el fallo supone una "clara contribución" a la justicia y la reparación a pesar de que hayan pasado 31 años.

"Esta sentencia, aunque 31 años después, supone una clara contribución al cumplimiento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que tienen todas las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos", destacó en las redes sociales el lehendakari, quien recordó que el Gobierno vasco concede anualmente en memoria del jesuita, filósofo y teólogo portugalujo el premio Ignacio Ellacuria de cooperación para el desarrollo.