El Gobierno portugués alcanzó este jueves un acuerdo "in extremis" con los accionistas privados de la aerolínea TAP para evitar su nacionalización, por el que el Estado pagará 55 millones de euros para comprar una participación del 22,5 % y pasará a controlar el 72,5 % del capital.
El acuerdo fue anunciado en rueda de prensa a última hora de este jueves por el ministro de Finanzas luso, João Leão, tras varios días de negociaciones en los que la nacionalización siempre se mantuvo como una posibilidad sobre la mesa.
El Estado portugués, que actualmente tiene en sus manos el 50 % de las acciones de TAP, comprará una posición del 22,5 % y el resto se mantendrá en posesión de privados: un 22,5 % del consorcio Atlantic Gateway, controlado por el empresario luso Humberto Pedrosa, y un 5 % de los trabajadores.
El acuerdo supone por tanto la salida del empresario estadounidense David Neeleman de Atlantic Gateway y, con ello, de la aerolínea. "El Estado pasa a tener el 72,5 % de TAP y asegura el control de la empresa", señaló Leão, que explicó que el acuerdo permite que siga adelante el plan de rescate diseñado por el Ejecutivo luso, que incluye una inyección de 1.200 millones de euros y un proyecto de viabilidad para la compañía.
El aumento de la participación del Estado en el capital de TAP permitirá además una "gestión adecuada del montante del préstamo", añadió Leão. Para permitir la inyección en TAP, el consejo de ministros aprobó esta tarde una resolución que reconoce el "excepcional interés público" de la operación de auxilio a la aerolínea de bandera de Portugal.
El acuerdo garantiza además otra de las exigencias del Gobierno, que la aerolínea brasileña Azul, propiedad de Neeleman, renunciase a convertir en acciones el préstamo de 90 millones de euros que hizo a TAP en 2016.
"Queremos una TAP viable para servir a las necesidad del país", dijo el ministro de Infraestructuras, Pedro Nuno Santos, que adelantó que el Estado portugués buscará la evaluación de una empresa especializada en transporte aéreo para avanzar en el plan de reestructuración.
Un plan que, agregó, implica la designación de un nuevo equipo gestor. TAP, que arrastraba una situación financiera delicada desde hace años, acusó fuertemente el impacto del coronavirus y pasó de 3.000 vuelos semanales a sólo 5, por lo que en abril tuvo que solicitar una suspensión temporal de empleo para el 90 % de su plantilla, compuesta por 10.000 personas. La compañía terminó el primer trimestre de 2020 con pérdidas de 395 millones de euros