Cinco años de guerra civil en Libia con más de 8.000 muertos

DOS GOBIERNOS sin LEGITIMIDAD La guerra enfrenta a dos gobiernos que carecen de legitimidad y que se apoyan en distintas milicias y aliados internacionales. En Trípoli resiste el llamado Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), una entidad creada por la ONU en abril de 2016 tras el fallido acuerdo de paz impulsado por el entonces enviado especial de la Naciones Unidas al conflicto libio, Bernardino León, que contribuyó a agudizar la división. Desde entonces, el GNA no ha sido capaz ni de extender su autoridad al resto del país ni solucionar los graves problemas logísticos y humanitarios que sufre la capital, pese a contar con el reconocimiento de la comunidad internacional y la ayuda financiera de la propia ONU y de la UE.

Liderado por Fayez al Serraj y apoyado por el Consejo de Estado -un parlamento paralelo creado igualmente a través del fallido acuerdo de Skhirat- cuenta solo con el apoyo de Misrata y de una serie de milicias islamistas que se reparten el control de la capital y sus alrededores.

Enfrente, el mariscal Jalifa Hafter, miembro de la cúpula golpista que aupó al poder al dictador Muamar al Gadafi, derrocado en 2011, tutela el Parlamento elegido en las elecciones de 2014 y el gobierno no reconocido en la ciudad de Tobruk. Al frente del llamado Ejército Nacional Libio (LNA) domina cerca del 70 por ciento de Libia y la mayor parte de las instalaciones petroleras, principal riqueza del país.

Enemigo acérrimo de Misrata, en febrero de 2018 logró extender su influencia desde el este y penetrar en el sur, donde ha establecido acuerdos de cooperación con las levantiscas tribus nómadas Tuareg y Tebu, que controlan el millonario tráfico de armas, combustibles y personas.

UN ACUERDO DE PAZ FALLIDO El origen del conflicto es el acuerdo de paz impuesto por la ONU en la ciudad marroquí de Skhirat, cerrado con el rechazo explícito tanto del mariscal y del parlamento electo, como del gobierno islamista de transición de Trípoli que perdió las elecciones en 2014 y que rechazaba abandonar el poder. La ONU impuso un gobierno, que se formó en Túnez y llegó escoltado a Trípoli en barco debido a las amenazas, acuciada por la fortaleza del Estado Islámico, que un año antes había logrado hacerse con el control de la ciudad de Sirte y amenazaba con avanzar hacia la capital.

Nada más formarse, el GNA lanzó con Misrata la llamada "Operación Buyan al Marsus", que a finales de 2016 logró expulsar a los yihadistas con la cooperación militar de Estados Unidos.

Haftar, que se oponía a un acuerdo que le despojaba del mando del antiguo Ejército Nacional Libio (LNA), optó, por su parte, por aprovechar los combates en Sirte para hacerse con el dominio de Bengasi, segunda ciudad en importancia del país y último feudo del gobierno islamista de transición, y asegurar la posesión del golfo de Sirte, en manos de un señor de la guerra próximo al GNA.

PULSO GEOESTRATÉGICO El conflicto se agudizó el 4 de abril del pasado año, fecha en la que Haftar lanzó una operación para conquistar la capital con el secretario general de la ONU, António Guterres, de visita oficial en Trípoli, en un claro mensaje a la comunidad internacional, ya entonces íntimamente implicada en un conflicto que ha devenido en un pulso geoestratégico multinacional.

A Haftar, reclutado por la CIA en la década de los ochenta y principal opositor a Al Gadafi en el exilio, le apoyan militarmente Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, país este último que le provee de la fuerza aérea con la que bombardea Misrata y la capital.

Además, cuenta con el apoyo económico y logístico de Rusia, que ha enviado cientos de mercenarios privados, y el político de Francia y Estados Unidos, país que le concedió la nacionalidad en la década de los noventa, cuando vivía en Langley, cerca de la sede de la CIA.

El GNA tiene, por su parte, el respaldo de Turquía, que le provee de armas y drones, y de Catar e Italia, dos de los estados que sostienen financieramente al GNA, junto a la ONU y la UE. - Efe