para sorpresa de todos, el jueves fue declarado el estado de excepción en Ecuador. El gobierno anunciaba en los días previos nuevas medidas de austeridad que iban a ser implantadas en el país tras el acuerdo alcanzado con el FMI. Medidas impopulares algunas de ellas que han generado protestas, cortes de carreteras y paros. La última medida que ha activado las protestas ha sido la cancelación de los subsidios a los carburantes que venían operando en el país y que rebajaban el precio de la gasolina por debajo de su costo.
Si yo les hablo de protestas populares, de medidas de austeridad y de acuerdo con el FMI, muchos creerán que es fácil entender el problema y tomar rápido partido. Pero me temo que quien quiera acercarse a los que sucede en Ecuador basándose en tres o cuatros tópicos viejos, en categorías ya sabidas, en principios ideológicos que nos sirvieron en otros lugares y en otros tiempos y por ello nos servirán en todo momento y lugar, puede estar comprando muchas papeletas para equivocarse.
Ecuador ha avanzado en el Índice de Desarrollo Humano durante los últimos 20 años, poco a poco, pero de forma sostenida. Los datos de reducción de la pobreza, incluida la pobreza extrema, son notables. Han mejorado los servicios de salud y educación. E incluso las medidas de austeridad adoptadas en los últimos tiempos parecen haber respetado los presupuestos dedicados a salud, educación y políticas sociales. No parece mala carta de presentación.
En un momento en que la opinión pública del mundo parece que se ha unido para protestar contra los gobiernos por no hacer suficiente contra el Cambio Climático nos encontramos que una medida fiscal, económica y medioambientalmente tan razonable como el fin de los subsidios a los carburantes fósiles es rechazado por la población. No es nada que nos pueda extrañar, desde luego, pero sí que nos devuelve la pelota a los ciudadanos tras unos días de alegre inocencia en que parecía que podíamos echar la culpa de todo a los poderosos, los políticos, los gobiernos, las multinacionales y la ONU, es decir, a otro. Sabemos que las políticas de Cambio Climático son extraordinariamente complejas y exigen grandes esfuerzos y sacrificios por parte de todos y dudo que la ciudadanía esté tan dispuesta como decimos. Por eso los gobiernos no van más lejos, no porque sean malos o tontos o estén controlados por oscuros poderes.
La declaración del estado de excepción me sorprendió en un sesión de trabajo pública en la ONU con la secretaria (rango de ministra) de Derechos Humanos del Ecuador. Fue una oportunidad de pedirle claridad sobre los extremos de dicha declaración que afecten a los Derechos Humanos. Nos aseguró que la suspensión del derecho de reunión se aplicará sólo en los primeros momentos de este estado de excepción y que en todo caso sólo se aplicarán para defender la vida y propiedades de los ciudadanos y sólo cuando se den protestas violentas. Nobles intenciones, pero quien conozca la historia sabe que los estados de excepción los carga el diablo y que las protestas se sabe dónde comienzan, pero no cómo terminan.
Seguiremos de cerca este estado de excepción y sus consecuencias para los derechos humanos. Prestos a denunciar si toca. Pero de inicio me interesaba presentar la situación en un marco más amplio y complejo.
