Washington - La decisión del Gobierno de Estados Unidos de acabar con un acuerdo que establece los estándares para la detención de inmigrantes menores de edad, entre ellos prohibir que su reclusión supere los veinte días, puede enfrentarse a una larga batalla legal e incluso al veto de un juez antes de su entrada en vigor. Así lo anticiparon expertos consultados por Efe, mientras la “norma definitiva” destinada a acabar con las disposiciones del llamado Acuerdo Flores, de 1997, sigue haciendo frente a un aluvión de críticas por parte de distintos sectores.
El Acuerdo Flores establece la protección a menores indocumentados en cuestiones como vivienda, atención médica, educación, nutrición e higiene, y los fallos judiciales que han ido dando forma a esta norma prohíben al Gobierno mantener detenidos a los niños y sus familias durante más de veinte días. “Si un juez o una jueza paraliza la acción (del Gobierno) de forma inmediata, la batalla sigue por años”, dijo Clara Long, investigadora senior de la organización Human Rights Watch (HRW). Long aseguró que tras la publicación, hoy, de la regulación en el Registro Federal, fecha a partir de la cual habrá sesenta días para su entrada en vigor, puede darse un pronunciamiento de la jueza federal Dolly M. Gee, quien tiene bajo su tutela este acuerdo.
Además, Gee, quien se convirtió en 2010 en la primera jueza chino-estadounidense, recibirá en su despacho las diferentes acciones que emprendan los abogados contra la nueva reglamentación. “Una vez publicado (en el Registro Federal), los abogados que llevan el caso de Flores tienen siete días para hacer cambios en las demandas que habían puesto en noviembre del año pasado”, cuando se anticipó la iniciativa del Ejecutivo, explicó la experta.
Para Long, la jueza “va a tener la obligación de pronunciarse sobre si el reglamento (anunciado por el Gobierno) realmente responde a las obligaciones del acuerdo”. Ante un fallo desfavorable por parte de la jueza, el Gobierno tiene la posibilidad de presentar un amparo ante la Corte de Apelaciones, lo que, según Long, “lleva tiempo”. En caso de agotarse esa instancia, añadió, las partes pueden recurrir al Supremo.
Por su parte, Peter A. Schey, uno de los juristas que en 1997 alcanzó ese acuerdo con el Gobierno, no cree que se llegue a implementar la nueva norma porque sólo se le puede poner fin con regulaciones que coincidan con sus términos.
Desde la oposición varias voces han cuestionado la decisión del Gobierno, entre ellas la del senador Bob Menéndez, quien escribió en su cuenta de la red social Twitter que “la detención familiar indefinida NO es la respuesta a la separación familiar”. “He visto de primera mano cómo niños y padres están detenidos en condiciones abominables, encerrados en jaulas, sin poder contactar con los miembros de sus familias”, añadió Menéndez, quien calificó esto de “cruel” y “antiestadounidense”.
El Caucus Hispano del Congreso, un grupo de legisladores demócratas de origen latino, consideró que esta decisión “causará un daño irreparable a los niños” y “contradice profundamente” los valores estadounidenses, según un mensaje difundido en Twitter.
La nueva regulación llega semanas después de que el Gobierno afrontara numerosas críticas a raíz de las denuncias de abogados sobre las condiciones insalubres de detención de menores inmigrantes: sin pañales para bebés, jabón, ropa limpia, cepillo de dientes o comida adecuada. La denuncia generó polémica y sensibilizó a la opinión pública sobre la situación de los inmigrantes detenidos, muchos de ellos procedentes de Centroamérica.
El presidente estadounidense, Donald Trump, que considera la situación en la frontera una “crisis humanitaria”, ha intentado frenar la llegada de inmigrantes mediante regulaciones que exigen, entre otros puntos, que quienes busquen acogerse al beneficio de asilo presenten su solicitud en un país que hayan atravesado en su recorrido hacia EEUU, bien sea Guatemala o México. Con los gobiernos de estos países, Trump firmó acuerdos migratorios que, en el caso de México, incluye un programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar allí hasta que se resuelvan sus casos, mientras que Guatemala recibirá las peticiones de inmigrantes salvadoreños y hondureños.
