Reflotar una economía que hace aguas desde hace décadas, revertir el desencanto de quienes ya no se sienten representados por el sistema político y garantizar los derechos humanos, un espinoso tema que protagoniza las críticas hacia Cuba, son los retos de una Revolución que cumple 60 años. La isla celebrará este hito el 1 de enero gobernada, por primera vez en seis décadas, por un presidente que no se apellida Castro: Miguel Díaz-Canel, de 58 años, asumió el cargo en abril pasado como primer atisbo de un inexorable relevo generacional que para los críticos es mero maquillaje, pero para otros ha dejado gestos prometedores en sus primeros meses en el poder.

Este mes, por ejemplo, en una decisión sin precedentes, el Gobierno revertió o paralizó medidas sobre los sectores privado y cultural que habían provocado un fuerte malestar público. Al mismo tiempo, el Parlamento aprobó este mes de diciembre el borrador de la nueva Constitución, que será sometida a referéndum en febrero, y que a juicio de Díaz-Canel garantizará “mayor inclusión, justicia e igualdad social”.

El nuevo mandatario heredó dos retos fundamentales: hacer sostenible la economía del último país comunista de América, lastrado por un ineficiente sistema centralizado, y lograr respaldo popular para un Gobierno con presencia ya solo testimonial de la “generación histórica” que luchó en la Sierra Maestra. Todo, frente a una población cada vez más envejecida y cuyos preparados jóvenes ven en la migración la salida más viable para buscar la prosperidad, desencantados de la política y los bajos sueldos estatales -30 dólares al mes como promedio-, ajenos a las encendidas dialécticas de la Guerra Fría y más familiarizados con las redes sociales que con las consignas revolucionarias. “El reto más urgente que tiene el Gobierno hoy es hacer sostenible su modelo económico. El reto más grande es político: afrontar las consecuencias para el sistema leninista unipartidista de implementar una transición integral a una economía mixta integrada”, señala a Efe el analista cubanoamericano Arturo López-Levy, profesor de la Universidad de Minesota.

El VI congreso del Partido Comunista de Cuba aprobó en 2011 una serie de reformas, los denominados “lineamientos”, llamados a ser la aperturista piedra filosofal que lograse un “socialismo próspero”, pero siete años después la lentitud de su puesta en marcha pasa factura a la isla. “Posponiendo esos cambios urgentes, la generación histórica ha ganado tiempo hasta su desaparición física, pero lo ha perdido el país”, considera López-Levy. Una situación, a su juicio, que “ha ido abriendo espacios a una combinación peligrosa de desesperanza, corrupción y aumento de la desigualdad y la pobreza”.

Y en medio de ese escenario se ha producido además el colapso de Venezuela, el principal aliado económico y político de Cuba, que ha visto reducidos a la mitad los envíos subsidiados de petróleo que recibía y lleva dos años en busca de proveedores alternativos a los que deberá pagar a precios de mercado. Pese a la lentitud de los cambios, las bases de esta controlada apertura económica que impulsó Raúl Castro durante sus dos mandatos (2008-2018) deben quedar recogidas en la nueva Constitución que irá a referendo en febrero próximo, y que por primera vez admite la necesidad de una inversión extranjera que aún llega con lentitud.

La reforma económica Para el analista, “sin reforma económica el PCC está abocado a buscar nuevas fuentes de legitimidad que sustituyan la pérdida del carisma de la generación histórica y la falta de confianza de un número considerable de cubanos en la capacidad de la ideología oficial para proponer alternativas viables de solución a sus problemas cotidianos de vivienda, transporte, comida y trabajo”. Sesenta años después de la reforma agraria que acabó con el latifundismo, la isla importa entre el 60 y el 70% de los alimentos que consume, presenta un déficit de casi un millón de viviendas y, con un renqueante parque móvil que data de los años 50, tampoco ha logrado garantizar un sistema de transporte público eficiente. Esos asuntos son hoy los que más preocupan a la ciudadanía, que por otro lado tiene garantizadas la educación y la sanidad gratuitas, dos grandes banderas sociales de la Revolución pero que también se han deteriorado por la crisis económica.

Cuba, además, celebrará seis décadas de Revolución en medio de renovadas tensiones con Estados Unidos: cuatro años después del celebrado “deshielo”, la Administración de Donald Trump ha paralizado el proceso y endurecido el embargo financiero, a la vez que exige mayor apertura democrática y avances en derechos humanos. Las organizaciones disidentes cifran en unos 120 los presos políticos que hay actualmente en las cárceles cubanas sin contar las detenciones temporales de opositores, mientras el Gobierno sostiene que se trata de delincuentes comunes y acusa a estos grupos de estar financiados por otros países con intención de socavar el sistema. La consecuencia más inmediata del enfriamiento con Washington ha sido la vuelta a la retórica de trinchera de un país que sigue defendiendo con ahínco su soberanía y el regreso, contra todo pronóstico, de las aspiraciones comunistas al borrador de la nueva Constitución.

Aún así, López-Levy cree que se trata de “un asunto menor” frente a otras novedades incluidas en la futura Carta Magna como el reconocimiento de la propiedad privada o la limitación de mandatos presidenciales, pero a la vez, “es una oportunidad perdida para que el PCC se moviera a una definición ideológica mas plural, amplia y flexible”.