Después de tres mandatos de Rafael Correa, Ecuador votó en abril de 2017 por la continuidad de la “Revolución ciudadana”, eligiendo al que había sido su vicepresidente, Lenín Moreno. El actual mandatario se ha desmarcado de su antecesor, provocando diferencias que se consumaron con la votación del pasado 4 de febrero que, entre otras, cerró la puerta a la reelección indefinida.

El referéndum, que según el artículo 441 de la Constitución es el método para enmendar los artículos de la Carta Magna, consistió en cinco preguntas centradas en la inhabilitación y pérdida de bienes de los políticos corruptos, una sola reelección para los cargos de elección popular, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la no prescripción de los delitos sexuales contra menores y la prohibición de la minería en zonas determinadas. La consulta popular completó el cuestionario con dos preguntas sobre la derogación de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de Tierras y Especulación de Tributos, más conocida como Ley de Plusvalía, y la protección del Parque Nacional Yasuní contra la explotación petrolera.

Con una participación del 82% del censo electoral (unos 13 millones de personas) y con Correa liderando la campaña por el no, el sí se impuso en las veinticuatro provincias con un 67%, dándole una victoria política a Moreno y a la oposición, que en este caso apoyó al presidente. Correa, que en declaraciones y en sus redes sociales ha tratado a Moreno de “mentiroso”, “traidor” o “impostor”, ve así amenazado su legado, pues sin reelección indefinida ve truncada una eventual aspiración de volver al poder.

Con la etiqueta Diles NO, el expresidente defendió que la medida era anticonstitucional, argumentando que Moreno la había forzado por decreto y que, en el caso de la eliminación de la reelección indefinida, sería una medida retroactiva. Las otras preguntas polémicas fueron las referentes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a la derogación de la Ley de Plusvalía.

En el primer caso, se trata de una innovación de la Constitución de 2008 sobre la cual el Ejecutivo tendrá un control mayor, y en el segundo, de suprimir una ley que según el Gobierno de Correa buscaba evitar ganancias ilegítimas, aunque tanto quienes se oponían como el Banco Central manifestaron que perjudicaba al sector de la construcción.

una relación de más a menos Las diferencias entre Lenín Moreno y Rafael Correa no empezaron con el referéndum y la consulta popular, sino con ciertas medidas del presidente que lo fueron alejando de su antecesor, quien empezó a criticarlo desde Bélgica, de donde es su esposa y adonde se había ido a vivir. Moreno había sido el segundo de Correa durante sus dos primeros mandatos, entre 2007 y 2013, y el entonces presidente le asignó tareas sobre la inclusión de personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas y raras.

Uno de los logros del ahora presidente, que está en silla de ruedas desde 1998 tras haber sido tiroteado en un asalto, como recogieron los medios el día de su elección, fue la Ley Orgánica de Discapacidades, que atiende a las personas con discapacidad en cuestiones médicas, jurídicas, económicas y sociales.

En 2013, de cara al tercer mandato de Correa, Moreno dejó en mayo la Vicepresidencia y el entonces presidente lo sustituyó por Jorge Glas, exministro y político de su confianza en el Movimiento Alianza PAIS. El entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban-ki Moon, nombró en diciembre enviado especial sobre Discapacidad y Accesibilidad a Moreno, al que la oposición criticó y acusó de cobrar como diplomático desde Suiza.

En 2017, Correa descartó buscar un cuarto mandato, tras haberlo considerado como “el último de los recursos” ante la que él llamó la “restauración conservadora” a la recuperación de la derecha, y apoyó a Moreno, candidato de Alianza PAIS que en mayo del año pasado venció en la segunda vuelta a Guillermo Lasso, candidato del movimiento CREO, con el 52% de los votos.

Ya como presidente, Lenín Moreno se mostró más conciliador con las otras fuerzas políticas y se acercó a la oposición, lo que despertó las críticas de Correa desde Bélgica. Esas críticas se convirtieron en diferencias cuando Jorge Glas, vicepresidente de Moreno, empezó a ser investigado por corrupción en medio del escándalo de Odebrecht, por lo que el presidente le retiró las funciones el 3 de agosto. Moreno, que ya se desmarcaba de Correa, anunció el 4 de septiembre que se iba analizar una posible consulta sobre varios temas y el 2 octubre se hizo el anuncio oficial de la propuesta de referéndum y consulta, impulsada por el Ejecutivo.

Ante esa medida el expresidente acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aplicó medidas provisionales a favor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el caso de la tercera pregunta, pero la Corte IDH lo enmendó.

Con la llamada del Consejo Nacional Electoral a votar el 4 de febrero y con Jorge Glas sentenciado a seis años de prisión y destituido, Correa volvió a Ecuador en enero para liderar la campaña del no, aunque ya había ido a finales de noviembre para tratar de ordenar su partido. Pese a la victoria del sí, Correa no está derrotado en la opinión pública, pues en la pregunta sobre la reelección indefinida el no obtuvo casi el 36% de los votos.

Moreno, por su parte, encara un futuro en materia económica en el que deberá hacer frente a la deuda pública, tanto interna como externa, y un panorama político para el que se ha apoyado en los suyos y en la oposición, pero para el que ya no cuenta con Correa.