wASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso ayer fin al plan conocido como DACA, promulgado por su predecesor, Barack Obama, y que ha protegido de la deportación a 800.000 indocumentados, aunque la suspensión se hará efectiva dentro de seis meses para forzar al Congreso a encontrar una alternativa.
El anuncio, tras semanas de deliberaciones, supone un fuerte golpe para la comunidad inmigrante de Estados Unidos, especialmente porque fue presentado por la Casa Blanca como una decisión que prioriza los empleos y la seguridad de los “trabajadores ciudadanos estadounidenses”. “Antes de preguntarnos qué es justo para los inmigrantes ilegales, debemos de preguntarnos qué es justo para las familias estadounidenses, para los estudiantes, para los contribuyentes y para los que buscan empleo”, consideró Trump en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.
Trump, sin embargo, reiteró que encarará “con corazón y compasión” la situación de los miles de indocumentados que se beneficiaron del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y pudieron frenar su deportación, obtener un permiso temporal de trabajo y, en algunos estados, una licencia de conducir.
“Como he dicho antes, resolveremos el tema de DACA con corazón y compasión, pero a través del proceso democrático legal, mientras al mismo tiempo nos aseguramos de que cualquier reforma migratoria que adoptamos ofrece beneficios duraderos para todos los ciudadanos estadounidenses”, destacó.
“Debemos tener corazón y compasión para los estadounidenses desempleados, que luchan y han sido olvidados”, añadió el mandatario, en un claro guiño a la clase trabajadora.
De esa forma, el presidente cumplió con una de sus principales promesas de campaña y atendió el llamamiento de los fiscales generales de nueve estados conservadores, encabezados por Texas, que habían amenazado con interponer ayer mismo una demanda contra el Gobierno si no derogaba el programa.
En vigor el 5 de marzo La decisión de Trump no entrará en vigor hasta el 5 de marzo de 2018, dentro de seis meses, periodo en el que el Congreso, el único con poder para cambiar el sistema migratorio, debe encontrar una solución para regularizar la situación de los jóvenes indocumentados, conocidos como “soñadores” (dreamers).
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Paul Ryan, que la semana pasada pidió a Trump mantener DACA, anunció ayer que buscará consenso con los líderes del Senado para aprobar una ley migratoria, un proyecto que ha fracasado en anteriores ocasiones debido a los desacuerdos entre demócratas y republicanos. Actualmente, el Congreso está debatiendo diferentes propuestas migratorias, entre las que destaca un proyecto legislativo que ha conseguido el respaldo de Trump y que propone reducir a la mitad el número de inmigrantes que consiguen la residencia permanente, permiso conocido como green card (tarjeta verde).
Hasta que se apruebe una ley, aquellos que están inscritos en el programa DACA podrán usar sus permisos de trabajo hasta que expiren, pero si esos permisos acaban antes del 5 de marzo, entonces deben renovarlos antes del 5 de octubre, según informó hoy el Departamento de Seguridad Nacional, con competencias en inmigración.
Las peticiones para renovar la inscripción al DACA que hayan sido recibidas antes de ayer serán evaluadas de manera individual y podrían concederse extensiones, precisaron en una rueda de prensa telefónica altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, que pidieron el anonimato.
Los agentes fronterizos seguirán dando prioridad a la deportación de aquellos inmigrantes con antecedentes penales, por lo que los “soñadores” tendrán en los próximos meses el mismo trato que habían recibido hasta ahora por las autoridades migratorias, según dijo el propio Trump en su comunicado.
El encargado de anunciar ayer el fin del DACA no fue Trump, sino su fiscal general, Jeff Sessions, uno de los miembros del Ejecutivo con posiciones más duras en inmigración.
Sessions se encargó de evaluar la legalidad del programa y concluyó que era “inconstitucional” porque Obama había abusado de su poder ejecutivo, unas conclusiones que transmitió este lunes a la secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke. Duke rescindió ayer el memorándum que creó el DACA el 15 de junio de 2012 y, con esa acción, el programa quedó en suspenso.
Casi 800.000 “soñadores”. El programa ha beneficiado exactamente a 787.580 jóvenes indocumentados. Para acceder al plan, esos jóvenes tuvieron que probar que habían llegado a EEUU antes de los 16 años, que no tenían antecedentes penales y que cursaban estudios de educación secundaria o en la universidad. Los inscritos en DACA pudieron frenar su deportación, obtener permiso de trabajo y una licencia de conducir.
11 millones de inmigrantes. En Estados Unidos viven unos 11 millones de inmigrantes indocumentados y casi 1,1 millones de indocumentados podrían haber accedido a DACA.
Tres cuartas partes, mexicanos. El 78 % de los beneficiarios de DACA proceden de México. Exactamente hay 618.342 “soñadores” mexicanos. Les siguen los salvadoreños (28.371), los guatemaltecos (19.792) y los hondureños (18.262).
