Caracas - Cientos de militares venezolanos uniformados y con armamento de guerra se presentaron ayer ante la televisión pública acompañados al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, para rechazar el “ataque” que sufrió el domingo un cuartel militar y subrayar la unidad castrense.
El batallón de oficiales apareció 24 horas después del asalto a uno de sus principales cuarteles con trajes de combate, camuflados, con fusiles, tanques de guerra, formados sobre un terrero del complejo militar Fuerte Tiuna, en Caracas.
Padrino, que encabezaba la unidad junto al Estado Mayor militar, pidió unión a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana (FANB) y al pueblo venezolano ante el asalto registrado el domingo en la base militar en el estado de Carabobo (centro-norte del país) y donde los insurrectos robaron algunas armas. “Llamo a la unión nacional, a repeler, a rechazar con contundencia, con firmeza, con convicción, con espíritu patriótico, a rechazar todos estos actos viles, traicioneros, cobardes que están perpetrándose contra la patria de Simón Bolívar”, dijo a través de la cadena estatal VTV.
Padrino afirmó que la investigación sobre los hechos ya ha arrojado algunos resultados y agradeció la colaboración de los diferentes cuerpos de seguridad. “Es increíble y sorprendente la reacción (...). Hay que hacerles un reconocimiento a todos los organismos de seguridad ciudadana, del Estado venezolano que están aportando ya resultados en la investigación”, indicó.
El domingo una veintena de efectivos castrenses llevó a cabo un asalto a una base militar venezolana, acción que se dio a conocer mediante un vídeo en el que aparecía el grupo de hombres vestidos de uniforme militar y con armas largas.
Padrino releyó un comunicado difundido el domingo en el que explicaba que el ataque fue dirigido por dos militares y “varios delincuentes civiles que portaban prendas militares”. Aseguró que “el hecho constituye la comisión de los delitos militares de traición a la patria y ofensa” a la Fuerza Armada, entre otros. “Este grupo y sus copartícipes han sido declarados como enemigos de la patria, enemigos de la FANB, enemigos del pueblo de Venezuela”, recalcó.
En los últimos meses varios uniformados han sido detenidos por la Contrainteligencia Militar venezolana por formar parte de supuestos planes de insurrección y se han abierto investigaciones a dos oficiales generales, pese a lo cual las autoridades han reiterado el respaldo firme de la FANB al Gobierno.
101 asesinados desde abril La ONG Foro Penal Venezolano (FPV) cifró ayer en 101 el total de personas asesinadas durante las manifestaciones que comenzaron en el país el pasado 1 de abril, la mayoría contra el Gobierno de Nicolás Maduro, y que según la Fiscalía han dejado 121 muertes por diversas razones. El director de esa organización no gubernamental, Alfredo Romero, indicó en rueda de prensa que en la oleada de protestas se han producido 5.092 arrestos y que 1.325 personas siguen tras las rejas.
Explicó que entre los detenidos 626 civiles que fueron sometidos a tribunales militares, mientras que 389 fueron enviados a la cárcel por decisión de la Justicia militar.
Los ministros de Relaciones Exteriores de, al menos, 12 países de América se reunirán hoy en Lima, convocados por Perú para analizar la crisis política y social que afecta a Venezuela y buscar una posición conjunta sobre el régimen de Nicolás Maduro.
En la reunión, anunciada la semana pasada por el ministro peruano de Exteriores, Ricardo Luna, se espera la participación de los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay, además del anfitrión.
Los analistas esperan que tras el encuentro se emita una resolución conjunta sobre el orden constitucional en Venezuela, de rechazo a la nueva Asamblea Constituyente y a favor de los derechos humanos del pueblo venezolano.
El canciller chileno, Heraldo Muñoz, afirmó ayer que Chile se opone a “golpes o autogolpes”, o a cualquier solución que no pase por un diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición, para restituir la plena democracia en Venezuela.
“sigo siendo la fiscal” El nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dijo ayer que buscará “restablecer la paz ciudadana” y que promoverá la justicia con equidad, al tiempo que señaló que la exfiscal Luisa Ortega Díaz fue “cómplice” de la violencia en el país durante los últimos cuatro meses.
Saab, en una conferencia de prensa, dijo que desde su puesto tratará de lograr el equilibrio, promoverá “la justicia con equidad, los derechos humanos” y trabajará por “la paz ciudadana”. El representante del Ministerio Público indicó que su función será “mejorar” y “avanzar”, así como recuperar la “credibilidad de la institución”, que a su juicio, se perdió en “los últimos tiempos”.
En ese sentido, el fiscal manifestó que su antecesora fue “cómplice” de la violencia en el país durante los últimos cuatro meses, tiempo en el que se ha desarrollado una ola de protestas contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. En su opinión la actitud de Ortega atentó “contra la paz de la república”.
Por su parte, Luisa Ortega insistió en que sigue siendo la fiscal general de Venezuela y afirmó que su destitución fue ordenada por el Ejecutivo a la recién instalada Asamblea Constituyente, decisión que desconoce porque, a su juicio, el órgano que reescribirá la Carta Magna es “ilegítimo”. “Atendiendo a la orden que dio el Ejecutivo procedieron a remover de manera ilegítima a la fiscal general, (pero) yo desconozco esa remoción, sigo siendo la fiscal general de este país”, dijo Ortega a periodistas, sin ofrecer más detalles, en un acto denominado en “Defensa de la Constitución”, en el que no estaba prevista su participación.
La abogada, ahora sustituida por el hasta el domingo defensor del Pueblo, Tarek William Saab, señaló que “una cosa anormal” ocurrió el sábado en la plenaria de esta Asamblea, porque “otro” tomó las decisiones. La Asamblea Constituyente, integrada únicamente por oficialistas, aprobó la polémica medida el sábado. - Efe