Sao Paulo - El presidente de Brasil, Michel Temer, afronta sus horas más bajas, acorralado por acusaciones de corrupción sobre las que la Fiscalía brasileña debe pronunciarse antes del mañana y blanco de una nueva huelga general convocada por los sindicatos para el viernes.
El primer round de la semana deberá ser antes de mañana, cuando vence el plazo para que el procurador general de la República, Rodrigo Janot, presente ante el Supremo Tribunal Federal (STF) la denuncia por corrupción pasiva contra Temer. El jefe de Estado es investigado por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, y al menos en el primero de los casos la Policía Federal ya ha informado de que ha encontrado “serios indicios” que comprometen al gobernante. Las sospechas de que Temer participó “con vigor” en asuntos de corrupción se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo JBS, uno de los mayores productores y exportadores de carnes del mundo, que en un acuerdo de cooperación judicial detallaron una serie de irregularidades en las que estaría incurso el presidente.
No obstante, por la Constitución brasileña, el mandatario goza de un fuero privilegiado en el que el STF es la única corte que puede juzgarlo y por su condición de jefe de Estado, además, cualquier proceso jurídico que se abra en su contra deberá tener el aval de la Cámara de Diputados, cuya mayoría oficialista ya no está tan clara.
La última batalla de Temer, al menos en la semana, será el impacto y repercusiones de la huelga general promovida para el viernes por las centras sindicales contra las reformas laboral y de pensiones y jubilaciones abanderadas por el equipo económico de Temer y esperadas por el mercado financiero. Sin embargo, ambas reformas tienen el rechazo de los movimientos sociales, gremios obreros y organizaciones no gubernamentales. - Efe
