bruselas - La Unión Europea aplica desde ayer las nuevas reglas que hacen obligatorios los controles sistemáticos a todas las personas que entren o salgan de la Unión Europea, incluidos los ciudadanos comunitarios, en el momento en que pasen la frontera exterior del bloque. Ello permitirá cruzar los datos de cada viajero con las bases de datos europeas, como las que forman parte del sistema de libre circulación Schengen, Interpol y otras agencias, para, por ejemplo, comprobar si utiliza documentos de viaje falsos o robados.
El objetivo principal de esta revisión del Código de Fronteras Schengen es estrechar el cerco sobre los llamados “combatientes extranjeros”, ciudadanos europeos que viajan a Siria o Irak para ser adiestrados por grupos yihadistas y retornar después Europa para cometer atentados.
La Unión Europea acordó reforzar los controles en su frontera exterior tras los atentados en París de noviembre de 2015, y ya algunos países realizan una vigilancia sistemática sobre quienes transitan su frontera. Sin embargo, sólo ahora se hará obligatorio ese control sobre todos los viajeros, incluidos los que tienen derecho a la libre circulación.
En concreto, el nuevo reglamento obligará a los Estados miembros a efectuar comprobaciones sistemáticas de quienes crucen la frontera exterior y verificar si el nombre aparece en listados de documentos desaparecidos, el Sistema de Información de Schengen (SIS) o en otras bases de datos relevantes.
Los controles se impondrán en todas las fronteras aéreas, marítimas y terrestres, si bien la norma prevé que las autoridades nacionales puedan limitarlos a verificaciones selectivas si el control exhaustivo se traduce en una fuerte ralentización del tráfico en las fronteras terrestres o marítimas. En el caso de los viajeros que no sean sometidos a dichos controles selectivos, al menos deberá comprobarse su identidad y la validez del documento de viaje. Además, los aeropuertos disfrutarán de un periodo de adaptación de seis meses a partir de la entrada en vigor del reglamento, prorrogable hasta un máximo de 24 meses, para que puedan ajustar sus infraestructuras a las exigencias técnicas del control reforzado. Dinamarca, Reino Unido e Irlanda no aplicarán las nuevas reglas. - E.P.
