Bilbao - La profesora de Políticas de la Universidad de Edimburgo Nicola McEwen considera que tras el Brexit, o salida del Reino Unido de la UE, hay motivos políticos “más potentes” para la independencia de Escocia, pero que, al mismo tiempo, la viabilidad práctica del proyecto es más complicada. McEwen, directora asociada del Centre on Constitutional Change, un organismo creado en 2013 para analizar los cambios constitucionales en el Reino Unido, ha tratado sobre la situación en Europa tras el Brexit, con motivo de su participación en unas jornadas en Bilbao sobre los desafíos que afronta la UE, organizadas por el Instituto de Gobernanza Democrática Globernance.
La profesora opina que tras el Brexit, una eventual independencia de Escocia es “más problemática” en términos prácticos debido a las importantes relaciones económicas y comerciales que mantiene con el resto del Reino Unido y a la “frontera” que se levantaría entre ambos si éste abandona la UE y el mercado único mientras una Escocia independiente se mantiene dentro.
Según señala, las relaciones comerciales entre Reino Unido y Escocia son más importantes que las que mantiene Escocia con el resto de la UE, por lo que si se pusieran barreras comerciales en el supuesto citado se complicaría la defensa de la independencia.
La situación, sin embargo, dependerá en gran parte de cómo evolucione Reino Unido fuera de la UE y si su proyecto es atractivo para Escocia, según reflexiona. La profesora señaló que el Brexit no es el más importante de los retos que tiene actualmente la Unión Europea. A su juicio, lo son más la crisis de los refugiados y el logro de la estabilidad económica.
Indicó que del Brexit importa, desde el punto de vista del proyecto de integración europea, “el efecto dominó” que pueda generar. Lamentó que los últimos pronunciamientos procedentes del Gobierno británico en relación a los residentes europeos en Reino Unido no apuntan “precisamente” a que este colectivo pueda sentirse “bien acogido” en el país.
“nacionalismo inclusivo y cívivo” Contrasta esta actitud con la mantenida por el Gobierno escocés, favorable a que los residentes en Escocia llegados de fuera “sientan Escocia como su casa”, en el marco de un proyecto “inclusivo”, de “nacionalismo cívico”.
Para la especialista, existía mayor paralelismo entre la situación de Escocia y las aspiraciones soberanistas en Cataluña y Euskadi con ocasión del referéndum escocés de 2014, que perdieron los independentistas, que en la actualidad. En aquel entonces, el paralelismo podía residir en que “se trataba a una ampliación interna de la UE” y Escocia se convirtiera en “un nuevo Estado dentro de la UE sin abandonarlo, mientras que ahora el debate es más bien si en este proceso del Brexit, Escocia estaría negociando su pertenencia a la UE desde una estatus casi desde fuera”, explicó.
Afirmó, además, que el referéndum de 2014 en Escocia fue pactado con el Gobierno del Reino Unido, pero en la situación actual “no está claro” que un nuevo plebiscito vaya a ser fruto del consenso.
La profesora opinó que la postura del Gobierno español “aparentemente intransigente” respecto a las demandas soberanistas en Cataluña provoca que aquellos que sin ser independentistas buscan reformar la relación con el Estado o ampliar el autogobierno “se vean en una situación sin demasiada posibilidad de desarrollar ese proyecto y acaben posicionándose en planteamientos más soberanistas o más radicales respecto a soberanía”.
McEwen considera que los “federalistas” europeos deberían replantearse su relación con los procesos soberanistas en su seno.
Según indicó, inicialmente la UE ve como contrarios “el proceso integración europea y las demandas de secesión o independencia, pero estos procesos que están teniendo lugar en el seno de la UE” podrían hacer cambiar de idea “a Bruselas” porque “la secesión no es necesariamente contraria a la Unión Europea”.
La experta argumentó que “estos proyectos de secesión son realmente pro-europeos”, en contraste con la postura que mantienen los partidos “euroescépticos”.
A su juicio, la UE debe dejar de tratar estas cuestiones como asuntos internos de los países miembros y plantear “un cauce dentro de la propia Unión” respecto a dichos procesos. - Efe
