Luxemburgo - El ministro español del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, adelantó ayer que España se opone a un sistema permanente de cuotas para el reparto de demandantes de asilo entre Estados miembros, una de las opciones propuestas por la Comisión Europea (CE) a principios de mes.
El Ejecutivo comunitario planteó a principios de abril dos opciones para modificar el sistema europeo de asilo, regulado por el reglamento de Dublín: mantener las normas actuales añadiendo un “mecanismo de corrección” para casos de crisis o plantear un nuevo sistema basado en un reparto permanente sobre la base de una clave de distribución preestablecida.
Fernández Díaz sostuvo que la opción de las cuotas supondría “modificar totalmente Dublín” y aseguró que España considera “más razonable” la segunda opción. “Es la que nosotros apoyaríamos sin duda”, añadió, al tiempo que precisó que en cualquier caso habría que definir qué se entiende por situación de emergencia. El ministro dijo además que establecer un sistema de cuotas “disuadiría totalmente a los países que somos frontera exterior de la Unión Europea (UE) de realizar cualquier tipo de esfuerzo”.
incentivo “¿Qué incentivo tenemos si con independencia del esfuerzo que hacemos al final nos van a asignar una cuota que es la que está previamente establecida de acuerdo con el peso que nos corresponde en el conjunto de la Unión?”, preguntó.
Para Fernández Díaz, el esfuerzo que realizan países como España que son frontera exterior de la UE “debe ser reconocido” y “una manera es que no haya cuotas, si no que se active el mecanismo de distribución solo en situaciones de emergencia”. La posición de España coincide plenamente con la que ha mantenido el país en el pasado en relación a los sistemas de reubicación de demandantes de asilo para hacer frente a la crisis migratoria, cuando también se opuso a la creación de un sistema obligatorio permanente y solo aceptó participar en un sistema temporal para trasladar a 160.000 refugiados llegados a Grecia e Italia.
El Ejecutivo comunitario puso sobre la mesa las dos opciones para modificar Dublín el pasado 6 de abril con la idea de abrir un debate en las demás instituciones comunitarias antes de presentar una propuesta legislativa concreta antes del verano.
Por su parte, los países de la UE quieren que la guardia costera europea esté operativa a mediados de junio, por lo que instaron al Parlamento Europeo a trabajar rápidamente con ellos para finalizar junto a los Estados y la CE el proceso legislativo.
“Lo que hemos establecido es que, como presidencia de turno del Consejo de la UE, tengamos el mandato para iniciar las negociaciones con el PE” en base a la postura de los países, explicó el secretario de Estado holandés para la Seguridad y la Justicia, y ministro de Inmigración, Klaas Dijkhoff, en rueda de prensa al término del consejo de ministros de Interior de la Unión. - Efe
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