Gobernanza Económica. Tusk propone un “mecanismo” que dé garantías a los países que no pertenecen al euro, pero que no puede servir para vetar o retrasar decisiones urgentes, ni medidas que puedan poner en “riesgo la consecución de los objetivos” de la eurozona. El mecanismo consiste, a fin de permitir la eficacia de la Unión Bancaria y las consecuencias de una mayor integración de la eurozona, en que al menos uno o varios Estados de fuera del euro pueden indicar su oposición a una medida legislativa. Las medidas para salvaguardar la estabilidad financiera de la eurozona no supondrán ninguna “responsabilidad presupuestaria” para los países que no tienen el euro por lo que se garantizará el “pleno reembolso”. La supervisión o liquidación de bancos y de mercados, de un país de fuera del euro es un asunto de ese país.
Competitividad. El documento establece el compromiso de los socios del Reino Unido a “hacer todos los esfuerzos” para fortalecer el mercado interior y a adaptarlo al entorno cambiante. Se evaluará regularmente el progreso hecho a la hora de simplificar la legislación y reducir la carga para las empresas, de manera que se elimine burocracia y duplicidad.
Soberanía. La UE reconoce que el Reino Unido no “esta comprometido con una mayor integración política dentro de la Unión”, y subraya que el principio de la subsidiariedad -que Bruselas intervenga cuando sea necesario y deje espacio en lo posible a los Estados miembros para actuar-. Tusk propone también dar a los parlamentos nacionales más poderes. Por ello, los parlamentos podrán hacer uso de la llamada “tarjeta roja” o de una opinión razonada en contra de una propuesta legislativa.
Los representantes de los países miembros en el Consejo abandonarían entonces la propuesta.
Libre movimiento. Las personas que trabajen en el Reino Unido pero cuyo hijo viva en otro país miembro podrían recibir una cantidad indexada al coste que supone criarlo en el lugar de su residencia. El mecanismo de “alerta y salvaguarda” podrá ser activado en situaciones de “magnitud excepcional y durante un periodo extendido” y si el sistema de seguridad social se ve afectado en aspectos esenciales, al igual que el funcionamiento de los servicios públicos. Examinada la notificación de este problema, el Consejo puede autorizar “restringir el acceso a los beneficios sociales hasta el punto que sea necesario”. El sistema permitiría limitar el acceso a trabajadores comunitarios que entran nuevos en el mercado laboral a los beneficios por un periodo de hasta cuatro años desde el inicio de su empleo.
bruselas - El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentó ayer una propuesta de acuerdo con el Reino Unido, que incluye concesiones al país como permitirle limitar los beneficios sociales de ciertos trabajadores comunitarios en su territorio, con la que pretende afianzar su pertenencia al club comunitario. La propuesta, que cubre los cuatro aspectos en los que Londres había reclamado modificaciones en su relación con la UE -mercado único, inmigración de los ciudadanos comunitarios, competitividad e integración económica y política- es fruto de meses de trabajo y de los contactos entre Tusk, el primer ministro británico, David Cameron, y otros mandatarios europeos.
La propuesta de ayer inicia el proceso de negociación a Veintiocho con el objetivo de llegar a un acuerdo en el Consejo Europeo de los próximos 18 y 19 de febrero.
Este viernes se celebrará una primera reunión de los negociadores de los Veintiocho para empezar a trabajar sobre la propuesta y el jueves 11 habrá una segunda.
La cuestión más espinosa, relacionada con los beneficios sociales de los trabajadores comunitarios que residen en el Reino Unido, se ha resuelto finalmente con una fórmula que quizá no convenza del todo en Londres ni tampoco en otras capitales europeas e instituciones comunitarias, como el Parlamento Europeo, a la que se resta poder de decisión.
Supondrá un freno de emergencia para los beneficios sociales de trabajadores comunitarios cuando la inmigración sea excesiva. La propuesta de Tusk recuerda que la legislación comunitaria establece que los ciudadanos de la UE gozan de libertad de movimiento y no deben estar sujetos a discriminaciones en el mercado interior, pero también apunta a que este derecho puede estar sujeto a limitaciones por diversas razones, incluido el que se someta a una presión excesiva a los sistemas sociales de un país. Sobre esa base y en conexión con las preocupaciones manifestadas por el Reino Unido, Tusk explica en la carta que remitía ayer a los Veintiocho que la Comisión Europea va a proponer cambios en la legislación comunitaria para incluir un mecanismo de salvaguardia con el que responder a situaciones excepcionales de entrada de trabajadores procedentes de otros Estados miembros. Este freno de emergencia y la duración exacta de la aplicación del mismo aún tendrá que ser decidida entre los Estados miembros. Según la propuesta, el país de la UE que se encuentre en esa situación de emergencia podrá notificarlo a la CE y al Consejo, que tendrán que autorizar la activación de ese freno de emergencia, un aspecto que rechazan los conservadores del Reino Unido.
El sistema propuesto reduce además el papel decisorio de la Eurocámara. Los límites al acceso de trabajadores comunitarios a los beneficios sociales no podrán superar un periodo total de cuatro años desde que el afectado comience a trabajar en el país, lo que coincide plenamente con la propuesta que había puesto sobre la mesa Londres.
proteger a quien no tiene el euro En el capítulo económico, la propuesta incluye un mecanismo para proteger los intereses de los Estados miembros que no pertenecen al euro, como el Reino Unido, pero sin darles derecho a veto ni permitirles retrasar las decisiones urgentes. Las condiciones exactas para activar este mecanismo también tendrán que ser discutidas en las próximas semanas.
La propuesta también recoge el compromiso de incrementar los esfuerzos para mejorar la competitividad y asegura que se evaluarán periódicamente los progresos en la simplificación de la legislación y la reducción de la burocracia para las empresas. Incluye además las preocupaciones que había apuntado Londres en materia de soberanía nacional, integración política y subsidiariedad.
En concreto, proponer crear un sistema de tarjeta roja para dar más voz a los parlamentos nacionales, que podrán en el plazo de doce semanas, y siempre que reúnan más del 55 % de los votos que tengan asignados (lo que en la práctica equivaldría a unos 16 parlamentos nacionales), hacer constar sus preocupaciones en materia de subsidiariedad en relación a propuestas de la CE.
El primer ministro británico, el conservador David Cameron, calificó ayer de “verdadero progreso” el borrador de propuesta de Tusk, aunque reconoció que aún “queda trabajo por hacer” antes de convocar su prometido referéndum. - Efe
