Edgar Espíndola Niño preside la Comisión de Derechos Humanos del Senado colombiano, un organismo compuesto por once senadores de diferentes partidos políticos. El opta a la reeleción por la Opción Ciudadana, un partido que se presenta de centro y que tiene una clara vocación cristiana.

La Comisión nace en 1992, coincidiendo con uno de los periodos más sangrientos del país y aunque en sus inicios actuaba como vigilante de garantías de DD.HH. en las instituciones del Estado, su trabajo se ha ido ampliando a medida que los particulares han ido solicitando su amparo.

¿Póngame algún ejemplo del trabajo que realizan?

-Hoy mismo atendí el caso de una madre con un hijo de catorce años al que no le dejan acceder a la cárcel en la que está su padre. Ella ha presentado la denuncia y hoy mismo hemos hablado con los responsables de Instituciones penitenciarias para recordarles el derecho del menor a ver a su padre.

Trabajan mucho en las cárceles?

-Desde el principio ha sido una prioridad porque los centros penitenciarios son lugares de difícil acceso, donde se dan a menudo situaciones de impunidad. Es frecuente, incluso, que reos que ya han cumplido su condena no reciban la carta de libertad, o que no sean atendidos debidamente de sus enfermedades y esos son casos en los que nosotros intervenimos eficazmente.

¿Han tenido interferencias políticas en épocas de violencia de Estado? ¿Como en los casos de la relación entre políticos y paramilitares, la llamada 'parapolítica' en la época de Uribe como presidente?

-No negaré que hubo un momento delicado, y que habrá casos documentados, pero le voy a contar algo que mucha gente desconoce. A la Comisión se han dirigido políticos acusados y condenados después que han considerado que se cometía una injusticia con ellos porque fueron procesados por testimonios de delincuentes que desde la cárcel los señalaron para obtener beneficios penitenciarios. Algunos casos son falsos y así se lo hicimos saber a la Fiscalía para que revise con lupa esos casos. Por desgracia, en algunas ocasiones tenían razón.

¿Y otras víctimas?

-Están, desde luego, los 'desplazados' (exiliados interiores) que no ven reconocida esa condición porque el Estado no les ha garantizado lo mínimo tras su éxodo de las zonas rurales. En esos casos llamamos al Departamento de la Prosperidad Social para que los atienda.

Un caso frecuente es el de los amenazados por grupos al margen de la ley de todo signo, que son despojados de sus tierras o ven su vida amenazada. Entonces nos solemos poner en contacto con la Fiscalía, que tiene una unidad especial para que los proteja de esas amenazas.

Colombia vive un conflicto con más de 200.000 muertos en las últimas décadas ¿Qué pasa con las víctimas ahora que se está negociando una paz?

-Existe una Ley de Víctimas y el Estado está reparando económicamente el daño que el victimario hizo sobre la víctima. Pero en su momento la discusión fue muy fuerte porque el debate estaba en por qué los ciudadanos, gente de bien que nada tuvo que ver con esa violencia, con desplazamientos ni genocidios, debía pagar de su bolsillo. Se discutía por qué no eran los victimarios los que hicieran frente con sus bienes a esa reparación. Finalmente se aceptó un resarcimiento público, aunque mínimo, a esas víctimas.

¿Y cómo cree que va a ser el futuro si avanzan las conversaciones de paz en La Habana?

-Creo necesario que hagamos un gran trabajo para que los grupos al margen de la ley que han causado tanto dolor entren a la civilidad a través de un proceso político como el que se desarrolla ahora en La Habana. Lo importante es que entendamos que las diferencias políticas no son un problema sino que nos complementan.

¿Cree que algo de eso está sucediendo?

-Estamos buscando un gran proyecto de perdón y de reconciliación. Todos de una forma u otra hemos sido culpables por eso es necesario un gran perdón. No se trata sólo de abandonar las armas, se trata de sacarlas de nuestro corazón. Nada logramos si quitamos el fusil del hombro y no del corazón. Tenemos que reconocer que, en nuestra medida, todos hemos fallado en algo. Y si más allá de una firma logramos ese espíritu estaremos acortando la brecha entre víctima y victimario.

¿Merece la pena arriesgar políticamente por la paz?

-La paz no va a venir de la Habana. La paz es una consecuencia de la justicia, caminan de la mano. Conviene hacer todos los esfuerzos porque cuando los problemas son políticos, las respuestas para solucionarlos deben ser también políticos. Y cuando los problemas son delictivos, entonces debe actuar la mano firme del Estado. En este caso, quienes se fueron al monte hace muchos años por una razón política deben encontrar en el marco legal una solución política que en el debate normal nos permita ponernos de acuerdo. Hay que seguir apostando por la paz, por la justicia, por la reconciliación.