Dublín. Los gobiernos de Londres y Dublín se desmarcaron ayer de la propuesta del fiscal general norirlandés, John Larkin, de suspender la investigación de los delitos cometidos durante el pasado conflicto armado en Irlanda del Norte.
A pesar de que el fiscal matizó que no se trataría de una "amnistía formal" sino de una "consecuencia lógica" de la paz, casi todas las partes implicadas en el proceso reaccionaron con malestar a una idea que, en su opinión, propugna un perdón sin condiciones y perjudica a las víctimas.
La iniciativa de Larkin ha causado un enorme revuelo en Belfast, Londres y Dublín pues propone archivar los delitos cometidos por los grupos paramilitares católicos y protestantes, la Policía o el Ejército británico antes de la firma, el 10 de abril de 1998, del Acuerdo de paz del Viernes Santo. Una especie de ley de punto y final que el primer ministro británico, David Cameron, no tiene intención alguna de presentar al Parlamento.
