washington. El Gobierno estadounidense denunció ayer que el régimen de Bashar al Asad ha empleado gas sarín y comenzó así una campaña para convencer al Congreso de la necesidad de atacar Siria en represalia en la que el presidente Barack Obama se juega su credibilidad como líder mundial.
El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, fue el encargado de iniciar esa campaña con apariciones en las principales cadenas de televisión en las que sostuvo que su país tiene pruebas de que el régimen sirio empleó gas sarín en el ataque con armas químicas en la periferia de Damasco del pasado 21 de agosto. Muestras de pelo y sangre de las víctimas de ese ataque, en el que según EE.UU. murieron 1.429 personas, "han dado positivo" por exposición al sarín, detalló Kerry. "Creemos que el caso (contra Siria) es poderoso y continúa creciendo cada día", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, quien se mostró convencido de que el Congreso dará a Obama la autorización que ha solicitado para llevar a cabo una acción militar de castigo contra el régimen de Al Asad.
No obstante, Kerry matizó que Obama tiene "el poder" y la autoridad para atacar Siria con independencia de lo que el Congreso vote, sin dejar claro si seguirá adelante con sus planes militares incluso si el Legislativo los rechaza. En la misma línea, funcionarios de la Casa Blanca llevan insistiendo desde el sábado en que Obama tiene "autoridad" para actuar sin el Congreso.
El objetivo de Obama con su "valiente" decisión de consultar al Congreso, como la calificó ayer Kerry, es que el ataque contra Siria tenga mayor legitimidad y el mayor apoyo posible, pero el presidente ha asumido un gran riesgo dada la polarización en el Legislativo y el hecho de que los republicanos controlan la Cámara baja. También ha puesto en juego su credibilidad como líder mundial, ya que desde el año pasado ha insistido en que el uso de armas químicas en Siria supondría cruzar una "línea roja".
El rechazo en el Parlamento británico a la participación del Reino Unido, las dudas del Congreso y la falta de apoyo entre la opinión pública estadounidense, entre otros factores, le hicieron pedir autorización al Congreso.
